El 56% de entidades locales menores ha rendido las cuentas del año 2012

13 may 2014 0 comentarios

Leonoticias, 9/5/2014.- El presidente del Consejo de Cuentas, Jesús Encabo, informó hoy que un total de 1.256 entidades locales menores de Castilla y León ha rendido las cuentas del año 2012, una cifra que supone el 56,7 por ciento del total de las mismas, a pesar de que el plazo para su presentación concluyó el 31 de octubre de 2013.
Encabo respondió de esta manera al PSOE, que había preguntado sobre la situación de las juntas vecinales, que si no presentan las cuentas antes de que concluya el presente año pueden incurrir en riesgo de desaparición.
Encabo ofreció estas cifras, cerradas a día de hoy, durante su comparecencia en la Comisión de Hacienda de las Cortes para explicar el segundo informe del Consejo de Cuentas sobre análisis del control interno de la gestión económico-financiera y contable de las entidades locales de Castilla y León, aprobado en sesión plenaria e incluido en el Plan Anual de Fiscalizaciones de 2012.
El presidente del máximo órgano de fiscalización de la Comunidad se mostró abierto a la “colaboración” con todas las administraciones públicas, a través de mecanismos que “animen” a la presentación de las cuentas.
A lo largo de la mañana destacó varios “hitos”, como por ejemplo que solo el 16,7 por ciento de las entidades locales realiza el plan económico-financiero que exige la normativa, el 59,5 por ciento refleja el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, mayor en las entidades de menor población que en los municipios con más número de habitantes y en las diputaciones, y el 40 por ciento no ha implantado el registro de facturas, obligatorio según la normativa vigente.
Los trabajos de este informe se centran en las nueve diputaciones, el Consejo Comarcal del Bierzo, los 15 ayuntamientos con más de 20.000 habitantes y una muestra de otros 65 representativa de todas las provincias y tramos de población. Con objeto de obtener información se elaboró una serie de cuestionarios para cumplimentar por las entidades. Aunque todas han contestado, el grado de respuesta a las preguntas planteadas ha sido variable, explican las mismas fuentes. Así, no han remitido ninguno de los informes de fiscalización solicitados el Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso (Segovia) y el de Villán de Tordesillas (Valladolid).
El periodo de referencia es el ejercicio 2011 y la conclusión de los trabajos es octubre de 2013, por lo que el informe advierte de que con posterioridad se han producido modificaciones normativas que inciden en su contenido, como la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y la Ley de Impulso de la Factura Electrónica y Creación del Registro Contable de Facturas en el Sector Público.
Abandono de lo local
Por ello, los diferentes grupos parlamentarios en la Comisión calificaron de “útil” el informe para conocer la radiografía municipal. El portavoz socialista, Francisco Ramos, señaló que el documento “evidencia el abandono de lo local” y acusó a la Junta de dejación en materia de “tutela y administración” de las entidades locales, una competencia que asumió en noviembre de 2007, tras la reforma del Estatuto de Autonomía. “La nota para la Junta, es un cero bajo. Esta tutela no ha servido. Solo está a las maduras”, sentenció. También indicó que el servicio de asistencia a municipios es “desigual e insuficiente”.
Ramos echó la vista atrás y denunció que el Grupo Popular “ha intentado hacer desaparecer el Informe de Fiscalización para 2014 del Consejo de Cuentas, una decisión que alimenta sospechas”, durante la aprobación de una iniciativa aprobada el 20 de marzo para pedir mayor implicación al Consejo de Cuentas en la rendición de las entidades locales.
Al respecto, el portavoz ‘popular, Salvador Cruz, defendió que esa enmienda introducida por el PP no limita el control de la legalidad de las fiscalizaciones del Consejo de Cuentas y explicó que se ha pedido que la estadística del análisis económico financiero se retrase a 2015, con las recomendaciones de homogeneizar los ratios con el conjunto de las estatales y comparar los mismos con los de otras comunidades. “Lo hemos pedido así para que el Consejo priorice el apoyo a la elaboración de las cuentas de las entidades locales. No existe intención de abandonarlo, sino que se puede hacer al año siguiente”, dijo.
También se postuló a favor de la Junta, Administración a la que los dos grupos de la oposición habían acusado de “dejación con los ayuntamientos”. Al respecto, argumentó que de las 16 recomendaciones de gestión en el informe del Consejo de Cuentas “ninguna se plantea” al Gobierno regional. Más bien, añadió, rendir cuentas “es una voluntad propia de la Administración local, la Junta solo poner los mecanismos para colaborar”, dijo.
Para el portavoz del Grupo Mixto, José María González, el documento presentado “tiene gran valor también por el componente pedagógico con la nueva legislación”. Hizo hincapié en que el Consejo de Cuentas relata que la situación de las entidades locales “ha mejorado” e ironizó que “cómo sería el escenario tremebundo en 1983”.
González culpó a la Junta y al Gobierno central de “estrangular” a las entidades locales y han reconvertido a los ayuntamientos en “la imagen de Berlanga en ‘Bienvenido Míster Marshall’”.
Por ello, señaló que Izquierda Unida, formación por la que es procurador, “no ignora las formidables dificultades de las entidades locales, pero difícilmente también se les puede pedir que cumplan con la contabilidad si no se les da medios”. “Existe una total falta de apoyo”, dijo, antes de concluir su intervención con una crítica, ya habitual de González, hacia el trabajo de las diputaciones provinciales.
Control interno
Con anterioridad al debate, Jesús Encabo dividió su comparecencia en varios apartados. Así, sobre el apartado de control interno, informó de que el 58,9 por ciento de las entidades que integran la muestra del Consejo de Cuentas dispone de regulación específica y en su gran mayoría se materializa a través de las bases de ejecución del presupuesto, resultando insignificante las que lo hacen mediante reglamento interno (1 por ciento).
De las 90 entidades analizadas, el 31,1 por ciento tiene establecida la fiscalización limitada de gastos, opción elegida principalmente por entidades de mayor nivel poblacional. Entre las que la tienen establecida, el 89,3 utiliza dicho procedimiento para los gastos relacionados con personal y contratación administrativa y el 82,1 para los relacionados con las subvenciones.
En cuanto al resultado de la fiscalización previa, del total de los 16.734 informes emitidos en 2011 por las entidades analizadas, el ocho por ciento contiene reparos y el 0,7 presenta discrepancias no resueltas. Las otras dos formas de ejercicio del control interno de las entidades locales, el control financiero y el control de eficacia, apenas se encuentran implantadas.
En relación a las fechas de aprobación de las actuaciones administrativas del ciclo presupuestario y contable, los índices medios de cumplimiento son el 13,3 por ciento en la aprobación del presupuesto, el 63,3 en su liquidación, el 56,7 en la formación de la cuenta general y el 68,9 por ciento en su aprobación. Los mejores índices de cumplimiento los presentan las diputaciones.
De las actuaciones relacionadas con la estabilidad presupuestaria, la mayoría de las entidades fiscalizadas emite el preceptivo informe con motivo de la liquidación (87,8 por ciento) y de la aprobación del presupuesto (76,7 por ciento), pero el índice respecto a las modificaciones presupuestarias es muy inferior (36,7 por ciento).
Interventores
Respecto a la fiscalización de los procedimientos de contratación administrativa, en cuanto a las comprobaciones a realizar, el aspecto más atendido es la existencia de crédito adecuado y suficiente (70 por ciento) y el que menos, el preceptivo informe de necesidad del servicio que promueve la contratación (41,1 por ciento). Del análisis de la fiscalización de las subvenciones, en el 13,3 por ciento de las entidades analizadas no se fiscalizan las bases reguladoras de la concesión y en el 24,4 no se fiscaliza la concesión directa.
En 2011, 39 de las entidades fiscalizadas aprobaron expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos, derivados de gastos imputables a ejercicios anteriores. El 16,7 por ciento de las entidades fiscalizadas declara la existencia de pagos pendientes de justificar que superan los tres meses, en contra de lo dispuesto legalmente.
En relación con la gestión patrimonial un 50 por ciento de las entidades no dispone de inventario de bienes y derechos aprobado y actualizado. En un 30 por ciento de las entidades se han detectado debilidades en el nivel de seguridad de los sistemas contables instalados.
En cuanto a la permanencia en el puesto de interventor o secretario reservado a funcionarios con habilitación especial, el 62.2 por ciento de las entidades declara que se realiza por la misma persona durante los cinco años analizados, 12,2 estuvo ocupado por dos personas y el 13,3 por tres. Nueve entidades, todas de municipios mayores de 5.000 habitantes, contaban con nombramientos accidentales.
Recomendaciones
El presidente del Consejo de Cuentas consideró que debería acometerse por parte de la Administración del Estado un desarrollo reglamentario aplicable a las entidades locales. Además, el desarrollo de programas informáticos con criterios homogéneos y el establecimiento de modelos normalizados de informes contribuiría a una mayor calidad, uniformidad, seguridad jurídica, ahorro de tiempo y mayor economía en su desempeño. Las diputaciones y el Consejo Comarcal del Bierzo, a través de sus servicios de asistencia técnica, deberían liderar este tipo de innovaciones, respecto a las entidades locales con menores recursos.
También, recomienda a las entidades locales el cumplimiento de los plazos establecidos en la normativa vigente respecto al ciclo presupuestario y contable, desde la elaboración del presupuesto, hasta la rendición de la cuenta general.
Igualmente, reitera las recomendaciones formuladas en el primer informe, dirigidas a procurar la adecuada cobertura de las plazas de los funcionarios con habilitación de carácter estatal, así como la provisión de los puestos de trabajo a ellos reservados. Por último, el Consejo recomienda que las diputaciones y el Consejo Comarcal del Bierzo prioricen en sus actuaciones las funciones de asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a las entidades locales.

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