El Ayuntamiento del Valle de Mena rechaza la eliminación de sus 43 pedanías

7 sep 2012 0 comentarios

Diario Progresista, 7/9/2012.- La Junta de Gobierno Local acuerda rechazar la propuesta del Gobierno central de supresión de pedanías y también la disminución del número de Concejales. 

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento del Valle de Mena, en la reunión ordinaria semanal celebrada esta mañana, ha aprobado una moción rechazando la eliminación de las entidades locales menores (pedanías).
Esta decisión municipal viene motivada por la medida del Consejo de Ministros adoptada el pasado 13 de julio, por la que se presentó el “Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local” en la que está prevista la eliminación de todas las entidades locales menores y la supresión del 30% del número de Concejales en todos los Ayuntamientos de España. 
El órgano de gobierno de las entidades locales menores es la Junta Vecinal, constituida por el alcalde pedáneo y dos vocales, que no reciben retribución alguna por su labor, pero velan y solucionan los problemas del agua de su pueblo, administran su patrimonio, organizan actividades y gestionan algunos pequeños servicios como aprovechamiento de pastos y leñas. Esta dedicación, no supone para la Administración, un gasto económico, y muchas de ellas apenas cuentan con recursos por lo que su supresión, no generara ahorro, y si más inconvenientes, problemas y más gastos para los ayuntamientos rurales.
La gestión del agua es uno de los servicios clásicos que prestan las Juntas Vecinales menesas a sus vecinos de manera eficaz y por un precio mínimo, porque son los propios vecinos con el alcalde pedáneo los que se ocupan de arreglar las fugas de manera inmediata y sin coste alguno o en todo caso mínimo para las arcas públicas.
Actualmente el ayuntamiento presta directamente el servicio de abastecimiento domiciliario en 52 núcleos de población, agrupados en 29 localidades del municipio, con una población aproximada de 2.765 habitantes del total de 3.961 que tiene el Valle de Mena. El núcleo de población principal lo constituye la localidad de Villasana de Mena, con 1.578 habitantes. La población de servicio del ayuntamiento constituye, pues, el 70% de la población menesa. El suministro de agua al 30% de la población restante, 1.196 habitantes, corre por cuenta de las juntas vecinales de sus respectivos pueblos.
Con la disolución forzosa de las 43 Juntas Vecinales, el servicio de agua en 25 de esas pedanías donde todavía es gestionado por sus Juntas Vecinales pasaría al Ayuntamiento. Pero éste solo cuenta en estos momentos con dos fontaneros y un vehículo, un equipo humano y medios materiales escasos para un municipio con una población tan dispersa como la del Valle de Mena que tiene nada menos que 125 núcleos de población, por lo que tendrá que aumentar la plantilla del servicio de agua con dos o tres trabajadores y adquirir uno o dos vehículos más. El ahorro para la administración que según el gobierno central supondrá la eliminación de las entidades locales menores, se convierte en realidad para el Valle de Mena en un aumento de los gastos de no menos de 118.000 euros en personal y de 24.000 euros en nuevos vehículos. Directamente todos los vecinos del municipio saldrían perjudicados económicamente con la disolución de las entidades locales menores, ya que el incrementos de costes del servicio habría que repercutirlo en las tasas del servicio de agua.
En España la mayoría de los concejales y concejalas no recibe ninguna retribución y solo en algunos ayuntamientos reciben algún tipo de compensación por asistir a los plenos y comisiones informativas. Y en muchos menos existen ediles liberados. Sin embargo, igual que ocurre en las pedanías, su trabajo desinteresado en sus municipios es fundamental para mantener muchos de los servicios que reciben sus ciudadanos.
Además, la supresión de concejales supone una merma en la calidad democrática de la representación ciudadana: a menor número de concejales, menor control tendrá la mayoría elegida y habrá menor capacidad de que exista mayor transparencia y mejor gestión. La labor que hacen cientos de concejales y concejalas en el ámbito rural no podrá ser sustituida por las diputaciones ni por las comunidades autónomas y en muchos casos generara un mayor coste.
Es impensable que la Diputación pueda, por ejemplo, resolver los numerosos problemas que surgen en los servicios de agua de nuestros pueblos y que ahora solventan los concejales o alcaldes con una respuesta inmediata.
A juicio del portavoz del equipo de gobierno, Javier Mardones Gómez-Marañón, una decisión de este tipo solo puede ser motivada”por el populismo y el desconocimiento absoluto de los problemas y necesidades del medio rural”.

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