El Gobierno aborda hoy la reforma local para reorganizar el reparto de competencias

15 feb 2013 0 comentarios

El Mundo, 15/2/2013.- El Gobierno dará hoy un nuevo paso para cerrar la reforma de la Administración Local que está desde hace meses encima de la mesa. El Consejo de Ministros analizará este viernes el anteproyecto de ley que aborda dicha reforma y que contempla, entre otros aspectos, ahorrar 3.500 millones de euros, evitar duplicidades y clarificar las competencias de los ayuntamientos.
El proyecto también fijará la competencia exclusiva e íntegra de la sanidad, la educación y los servicios sociales en las comunidades autónomas para desligarlas con una mayor precisión de las competencias locales. Para retomar estas competencias, las autonomías podrán disponer de un periodo de transición de hasta cinco años en el que se determinará quién y cómo se queda con estas responsabilidades, según Europa Press.
En este sentido, el proyecto dejará sentado que cada competencia esté correctamente financiada y que si una administración cede la gestión de un servicio a otra, lo pague adecuada y puntualmente.
Además, se establecerán unos criterios de eficiencia y eficacia cuyo de obligado cumplimiento para las entidades locales, de forma que las menores de 20.000 habitantes deberán ceder sus competencias a las diputaciones cuando no aprueben el examen (aunque podrán recuperarlas si lo consiguen más adelante).
Además, las mancomunidades y otros organismos intermedios ya existentes y que tampoco cumplan esos requisitos de eficiencia desaparecerán, y no se podrán crear otros nuevos.
De esta forma, saldrán reforzadas las diputaciones provinciales, que el Gobierno quiere convertir en centrales de servicios y de compras al considerar que así se ahorrarán también costes. Los municipios mayores de esos 20.000 habitantes también les podrán ceder competencias si creen que así se mejora el servicio.
La reforma que aborda el Gobierno supondrá la modificación de la ley de administración local, pero también de otros textos que regulan la vida municipal. Así, se quiere limitar el personal no funcionario de los municipios y acotar la retribución de alcaldes y concejales, que deberán oscilar entre 100.000 y 30.000 euros, según el tamaño de cada localidad, e incluir todos los conceptos salariales. Las cifras se fijarán anualmente en los Presupuestos del Estado.
Por otro lado, se abordará una reforma de la ley electoral para reducir el tamaño de las corporaciones locales. Tras el Consejo de Ministros de este viernes se podría saber cuál es la opción del Gobierno, ya que las cifras han ido variando conforme avanzaban las semanas: El recorte era del 30% al principio pero, según las fuentes consultadas, ha ido bajando hasta quedarse en torno al 10%. La decisión final está en manos del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
Tras su estudio por parte del Consejo de Ministros hoy, el anteproyecto será remitido al Consejo de Estado para que emita un informe previo a su envío a las Cortes.
Oposición del PSOE
Este proyecto de reforma se ha estado negociando con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el PP y el PSOE, aunque finalmente los socialistas se desmarcaron tras varios meses de conversaciones al considerar que la futura ley supone una “voladura controlada” de los ayuntamientos.
Por su parte, fuentes de la FEMP han explicado a Efe que todo apunta a que el reparto de competencias entre las distintas administraciones “quedará bastante definido” en el texto que el Gobierno remitirá al Consejo de Estado.
“Confiamos en que la reforma recoja nuestras propuestas y vaya en esa línea para que se cumpla el principio de una administración, una competencia”, han añadido estas fuentes.
Fuentes del PSOE han indicado que desconocen el contenido del texto que analizará el Consejo de Ministros porque las negociaciones sobre la reforma se rompieron en enero y han dicho que se pronunciarán al respecto cuando sepan en qué consiste.
“Si el texto que se presente no contiene variaciones sustanciales con respecto a enero, la postura del PSOE va a seguir siendo la misma, de denunciar que detrás de esta reforma el Gobierno plantea un desmantelamiento de los servicios públicos esenciales”, han mantenido las mismas fuentes.

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