El Gobierno ve factible delegar en la Junta la gestión de la cuenca del Duero

18 may 2006 0 comentarios

El Duero es, del conjunto de los grandes ríos españoles, el que menos impedimentos ofrece al Ministerio de Medio Ambiente para el traspaso de su gestión a una comunidad autónoma. Así se refleja en un documento de trabajo manejado entre los responsables ministeriales que avala la reclamación que populares y socialistas pretenden incluir en el futuro Estatuto de Autonomía para que sea la Junta de Castilla y León la que decida sobre el río que atraviesa de este a oeste -y de norte a sur por sus numerosos afluentes- el mapa autonómico. ‘Nada impediría que se realizasen delegación de funciones por el artículo 150.2 de la Constitución a la comunidad autónoma (de Castilla y León) imponiendo, entre otras, la condición de que las relaciones con Portugal se realizasen, en todo caso, a través de los órganos del Estado’, defienden, en lo que atañe a la cuenca del Duero, los autores del informe interno que maneja el equipo de la ministra Cristina Narbona.Entre las razones que inclinan la balanza a favor de Castilla y León, el documento destaca que el ‘Territorio Duero’ afecta básicamente a Castilla y León, lo que no da lugar a conflictos con otras autonomías. El 99 por ciento de la cuenca está en la comunidad. El 1 por ciento restante corresponde al Támega, afluente que nace en Galicia y muere en Portugal. ‘Los territorios que comparte con otras comunidades autónomas son pequeñísimas áreas en la cabecera de subcuencas, de modo que la gestión del agua solo afecta básicamente a Castilla y León’, recoge el informe del Ministerio de Medio Ambiente, que señala como principal fundamento para ‘mantener la situación actual’ de gestión estatal el que se trate de un cuenca internacional, al cruzar el Duero la frontera portuguesa. Una situación que salva dejando al Estado la relación con las autoridades lusas en todo lo referente al río.

Castilla y León podrá asumir, según este documento de trabajo, la gestión de acuíferos sobreexplotados, concesiones y autorizaciones, planes hidrológicos, control de caudales y avenidas y de calidad de aguas, aprovechamientos de interés general, obras de conservación de cauces y seguridad en presas que no afecten ni tengan incidencias en otras comunidades autónomas. El Duero sale en este informe mejor parado que el Guadalquivir, el antiguo Betis cuya gestión reivindica el Estatuto de Autonomía andaluz que se debate actualmente en el Congreso de los Diputados. Sobre el Guadalquivir, el documento ministerial resalta que el 90 por ciento de la superficie de su cuenca discurre por Andalucía, por lo que aconseja ‘mayor protagonismo respecto al actual’ de esa comunidad en la gestión, que podría delegarse en parte, aunque solamente en las ‘subcuencas’ o territorios de afluentes incluidas en el mapa andaluz y cuya delegación no afecte a otras comunidades autónomas.

La excepción

El informe del Ejecutivo central pone freno a la ‘avenida’ de reclamaciones autonómicas sobre los grandes ríos. A excepción del Duero, los expertos del Ministerio de Medio Ambiente consideran fuera de lugar el traspaso de la gestión de aquellas cuencas que afecten claramente a varias autonomías, como son la del Norte, Tajo, Guadiana y Ebro, la del Segura y la del Júcar. El documento prevé además como materias no delegables en ningún caso los planes estatales de infraestructuras hidráulicas, los deslindes y servidumbres, los registros de aguas, el catálogo de aguas privadas y el censo de residuales, los mercados de aguas, los traspasos de agua entre cuencas y los convenios internacionales, así como el control de caudales mínimos, la seguridad de presas de titularidad estatal o los planes de emergencias.

Terra Actualidad – Vocento/VMT

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