El PSOE cree que se perderán 200.000 empleos con la nueva ley de administración local

26 oct 2013 0 comentarios

El Norte de Castilla, 25/10/2013.- l secretario de Política Municipal del PSOE, Gaspar Zarrías, ha explicado este viernes en León que la reforma de la ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local supone que «200.000 trabajadores tienen su puesto en peligro». Y es que esta nueva normativa, que se encuentra «en el momento crítico de su tramitación», es «un paso atrás que hará que los ayuntamientos dejen de ser ayuntamientos».
Zarrías ha resaltado que «la provincia que más va a sufrir en sus carnes la tropelía contra las juntas vecinales es León», puesto que tiene más de 1.200 pedanías en sus 211 ayuntamientos. «No se cumple ninguno de los objetivos: ni clarifica las competencias, ni evita duplicidades ni racionaliza estas entidades», ha agregado el dirigente socialista, para el que esta política del Gobierno sólo busca un cuarto fin: «Dar entrada a la gestión privada de los servicios comunales».
Para Zarrías, «son muchos los ayuntamientos los que van a quedar como comparsas, porque toda la gestión va a ir a las diputaciones», con lo que se van a prestar «servicios privatizados más caros, dependiendo de lo que pida el concesionario, y menos eficaces».
En el caso de las competencias que pasen a las comunidades autónomas, el dirigente socialista considera que «como no hay capacidad para ponerlos en marcha, se van a desmantelar», de ahí que haya acusado al Gobierno de tener «sensibilidad social cero».
«Es una ley hecha contra el mundo rural, contra la España de millones de habitantes», ha insistido Zarrías, que ha denunciado que el PP pretende posponer esta normativa «hasta finales de diciembre de 2015». «Si esta ley es tan buena, ¿por qué no la hacen ya? ¿Es que quieren salvar las elecciones municipales de 2015?», se ha preguntado el político socialista, que ha anunciado que en el caso de que el PSOE llegue al Gobierno, la ley será la primera en derogarse en materia de administración.
Por este motivo, para el dirigente socialista esta normativa «es una sentencia de muerte para muchos ayuntamientos de este país que se firmará el día que salga en el BOE y se ejecutará en 2015».
En cuanto a las medidas que se pueden tomar para evitar que se ponga en marcha, Zarrías ha explicado que existen tres vías. En primer lugar, la presentación de «un recurso de inconstitucionalidad que tiene que estar firmado por 50 diputado y 50 senadores», que pretende que abarque también a otros grupos políticos. Segundo, que sean las comunidades autónomas las que denuncien la normativa porque «vulneran sus estatutos».
Por último, que presenten también un recurso una séptima parte de los 8.116 ayuntamientos de España y que representen una sexta parte de la población del país. «Este último requisito es difícil pero no imposible», ha agregado Zarrías, quien ha insinuado que el verdadero objetivo de toda la ley es especular con los bienes comunales que tienen las juntas vecinales.

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