La Comunidad de Aragón rechaza la supresión de las entidades menores

5 oct 2012 0 comentarios

Aragón Digital, 4/10/2012.- La DGA no aceptará una reforma de la Ley de Bases de Régimen Local que incorpore la supresión de las entidades menores. Así lo ha asegurado el consejero Antonio Suárez, quien por otro lado ha defendido la autonomía municipal y la necesidad de reformar la norma para ajustar la financiación y hacer más eficaces los servicios públicos. 

El Gobierno de Aragón no está de acuerdo con varias de las modificaciones planteadas por el Ejecutivo central para reformar la Administración Local. El consejero de Política Territorial, Antonio Suárez, ha explicado en una comparecencia en el Pleno de las Cortes este jueves a petición de IU, que el Gobierno autonómico no está a favor de la supresión de las entidades menores (3.725 en toda España y 43 en Aragón). El consejero ha puesto el ejemplo de la entidad menor de Ontinar de Saz, que posee 799 habitantes, “bastantes más que la mayor parte de nuestros municipios, ya que el 71% de ellos tienen menos de 500 habitantes”.
Suárez ha añadido a las críticas sus dudas sobre los sistemas de evaluación del Gobierno de España de los servicios de las mancomunidades y ha pedido que se especifique de dónde saldrán los 3.500 millones de euros de ahorro de los que habla el equipo de Mariano Rajoy si saliese adelante esta reforma.
Uno de los puntos con mayor rechazo es el de la atribución de competencias municipales a las diputaciones provinciales, porque, ha dicho el consejero, “es incompatible con el principio de autonomía municipal”.
En último lugar, el consejero ha hablado de problemas que podría generar en la Comunidad aragonesa a la hora de ofertar empleo público, si se aprobase el mayor peso de la figura de los interventores que pasarían a ser competencia estatal.
Aragón pondrá sobre la mesa dos condicionantes inamovibles: el respeto absoluto a la autonomía municipal “perfectamente compatible con la estabilidad presupuestaria” y al modelo territorial e institucional aragonés. “Es necesaria la modificación de la Ley de Bases de Régimen Local, porque data de 1985 y se le han hecho ya 20 cambios. Hay que evitar las duplicidades y los servicios sin titular competencial”, ha asegurado Antonio Suárez. Y ha añadido que es el momento de la racionalización bajo el paraguas de la consolidación fiscal.
Grupos parlamentarios
El diputado de IU Luis Ángel Romero ha sido el primero en intervenir de los grupos parlamentarios. Éste ha insistido en la necesidad de que se tome una decisión ya y ha alertado, al igual que ha hecho el diputado de CHA Gregorio Briz, de que el Gobierno de España no tenga en cuenta la opinión de Aragón.
Por su parte, el portavoz del PAR, Alfredo Boné, ha subrayado su desacuerdo con la supresión de las mancomunidades, del 30% de los concejales, de la potenciación del papel de las diputaciones provinciales. Por ésa, ha amenazado, “no pasaremos”. Asimismo, ha mostrado su disgusto porque en el anteproyecto no se contemple la realidad comarcal aragonesa.
De otro lado, la socialista Carmen Sánchez ha resaltado la mala situación económica de los municipios y para encontrar una solución ha pedido consenso. Mientras, la diputada popular María del Mar Vaquero ha defendido que el Ejecutivo aragonés “ha dejado bien claro” que el principio de autonomía municipal está por encima de todo.
Anteproyecto de Ley
El anteproyecto de ley sobre la reforma de la Administración Local fue conocido por el Consejo de Ministros el 13 de julio. Ésta, según el ministro de Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, pretende hacer válido el principio de “una Administración, una competencia”. La norma persigue que las corporaciones locales acometan sólo las funciones para las que tengan presupuesto, ahorrando al menos 3.500 millones de euros.
Este Anteproyecto cambia la legislación básica municipal con el objetivo de que las Entidades Locales se adapten a la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y evitar que gasten más de lo que ingresan. Para ello, se actualizan las competencias municipales, atribuyendo con precisión las que deben ser desarrolladas por los municipios, diferenciándolas con claridad de las estatales o autonómicas. Con la reforma las competencias en materia de educación y sanidad de las Entidades locales pasarían a las Comunidades Autónomas.
Por otro lado, la modificación no prevé la supresión de ningún municipio, eso sí se suprimirán las entidades locales de orden menor (3.725), entre las que están las pedanías o las parroquias, que pasan a ser absorbidas por los Ayuntamientos de los que dependan. Sin embargo, se fomenta la agrupación de servicios para lograr importantes ahorros de costes mediante economías de escala. En este sentido, se potencia el papel las Diputaciones Provinciales, Consejos Insulares o Cabildos y Comarcas, para la gestión de servicios obligatorios mínimos en municipios inferiores a veinte mil habitantes. Según el Instituto de Estudios Fiscales, el gasto de ofrecer los servicios a los ciudadanos es cuatro veces más caro en los municipios de 5.000 habitantes. Así, el coste per cápita en los municipios de menos de 5.000 habitantes es de 2.613,57 euros, mientras que en el caso de los municipios de más de 100.000 habitantes suponen 652,91 euros. Como consecuencia de lo anterior, el ahorro generado por la absorción de los servicios públicos obligatorios por las Diputaciones en municipios inferiores a 5.000 habitantes sería de 2.248,2 millones de euros, que llegarían a los 3.500 millones con la absorción de competencias de municipios de hasta veinte mil habitantes.
También se eliminarán los órganos intermedios. Actualmente, el 71,3% de las mancomunidades no cumple con sus obligaciones de presentar cuentas anuales. Los servicios de las mancomunidades pasarían a depender de las Diputaciones Provinciales, una administración más transparente ya que el 90% sí cumple con la presentación de las cuentas anuales.
La supresión de las mancomunidades que no superen los criterios de evaluación conllevará un ahorro estimado de más de 700 millones de euros. Asimismo, más del % de las entidades locales menores no cumplen con su obligación de presentar sus cuentas anuales.
Además, se reducirá el 30% del número de concejales, que pasan de los 68.578 actuales a 47.240. Ello significa que en las próximas elecciones municipales se elegirán a 21.338 concejales menos, lo que supone un 31,1% de reducción. Igualmente, se establece un límite máximo de 35 concejales en los municipios más grandes.
Asimismo, a partir de la próxima Ley de Presupuestos, los presupuestos de cada año fijarán los baremos de la retribución de alcaldes y concejales en función de las características del municipio. Hay que tener en cuenta que la futura Ley de Transparencia contempla la obligación de dar publicidad a las retribuciones e indemnizaciones percibidas por los cargos electos locales. Se redimensiona el Sector Público Local formado por un gran número de entes, organismos, sociedades, fundaciones y consorcios públicos, que habían proliferado en los últimos años, para racionalizar su número, profesionalizar su gestión y ahorrar costes. Por otro lado, se establece un periodo transitorio hasta el 31 de diciembre de 2014 para que se corrija el déficit de estas entidades y se determina, en caso contrario, a fecha 1 de agosto de 2015 su disolución.
Por otro lado, se limita el número de asesores de las entidades locales pues su personal eventual no podrá superar el número de concejales.
Por último, se fortalece la figura del interventor municipal y de los funcionarios con habilitación nacional con el objetivo de aumentar la independencia, profesionalidad y objetividad en el ejercicio de sus funciones de garantizar la legalidad y el control financiero y presupuestario en la gestión local, ya que se recupera su dependencia funcional de la Administración General del Estado. Al mismo tiempo, se promueve la colaboración del Estado con las Intervenciones locales. 

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