La despoblación,el otro enemigo de las pedanías

21 oct 2012 0 comentarios

Diario de Burgos, 21/10/2012.- En Hornillalatorre solo se ve algún gato con más de siete vidas que sobrevive en sus calles silenciosas. El agua mana por una fuente con una inscripción que la fecha en 1882. Está junto a la casa de concejo, una edificación restaurada y con un coqueto cartel labrado en madera, donde ya no se tomarán más decisiones sobre el pueblo. Esta pequeña localidad de la Merindad de Sotoscueva ya no tiene alcalde y perderá la condición jurídica de entidad local menor o pedanía cuando el próximo pleno del Ayuntamiento de la Merindad de Sotoscueva tome el acuerdo, después de haber obtenido el pasado día 4 la autorización de la Junta de Castilla y León, de suprimir esta entidad local menor.
En 2007 no se presentaron candidatos a las elecciones locales que quisieran hacerse cargo de la junta vecinal y en 2011, el único aspirante no obtuvo ni un solo voto. En Hornillalatorre, donde se levanta un buen puñado de casas perfectamente conservadas, solo hay censadas 6 personas, pero la realidad es que ninguna pasa todo el año en la localidad. Hornillalatorre es el último caso de una lista que poco a poco ha ido creciendo, la de los pueblos que han perdido su condición jurídica de entidad local menor y por tanto carecen de junta vecinal y alcalde pedáneo.
El anteproyecto de Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local aprobado el pasado 13 de julio en Consejo de Ministros plantea la supresión de las 3.725 entidades locales menores que existen en España, pero en Hornillalatorre lo que ha generado la pérdida de la junta vecinal ha sido una vez más la temida despoblación. Es una de las 80 localidades de Las Merindades que han perdido la condición de entidad local menor y no son la capital del municipio, donde en la mayoría de los casos se ha suprimido esta forma jurídica, al ser sede del Ayuntamiento del municipio. De los 389 pueblos de la comarca, un 76% (ver cuadro anexo) son entidades locales menores con junta vecinal y, por tanto, alcalde pedáneo, pero un 24% ya han perdido esta condición y dependen completamente de sus ayuntamientos principales.
Ahora Hormillalatorre dependerá a todos los efectos del Ayuntamiento de la Merindad de Sotoscueva. La única persona que nos encontramos en el pueblo al visitarlo no tiene casa allí, pero conserva una huerta de la familia. Lamenta que nadie haya cogido las riendas del pueblo. «La gente que tiene aquí sus casas se marcha a Vizcaya y no quiere preocupaciones», admite. Prefiere mantener el anonimato y muestra su temor al futuro, porque «el Ayuntamiento mira más por los pueblos grandes que por los pequeños».
El futuro es incierto para las entidades locales menores y sus juntas vecinales. Pero en Las Merindades ya hay municipios, como la Merindad de Cuesta Urria, el Valle de Manzanedo o el Valle de Zamanzas, donde la mitad o más de sus pueblos ya no tienen alcalde pedáneo. En todos los casos la pérdida de población ha sido el motivo. En muchos de ellos están censadas una, dos o tres personas, aunque en verano pueden superar los cien habitantes de hecho, aunque no de derecho.
En el Valle de Manzanedo, donde solo tres poblaciones conservan su carácter administrativo de entidades locales menores, mientras que las otros 12 dependen del Ayuntamiento, al carecer de junta vecinal, se da una situación curiosa. Algo que preocupa en los pueblos, si el Gobierno sigue adelante con su reforma y todas las entidades locales menores son absorbidas por los ayuntamientos, es que sus ingresos y patrimonio pasarán a ser gestionados por los ayuntamientos. En Manzanedo, la alcaldesa, María Carmen Saiz, admite que, a pesar de que el Ayuntamiento lleva las riendas de 12 de los 15 pueblos, aún conserva una cartilla de cada uno de ellos con sus ingresos por cotos, pastos y otros conceptos. Es decir, mantiene una contabilidad casi independiente de cada uno de ellos y las arcas municipales les apoyan en mayor o menor medida cuando se ejecuta una inversión.
solidaridad. Saiz reconoce que preferiría que cada localidad tuviera su alcalde, aunque también considera que la administración independiente de cada uno crea «una falta de unión y solidaridad entre ellos». Para paliar la ausencia de alcaldes pedáneos, la alcaldesa del Valle de Manzanedo, que suma un total de 168 habitantes, ha logrado contar en cada pueblo con «un vecino que te ayuda y te avisa de todo lo que sucede». Ese mismo sistema utiliza el Ayuntamiento de Medina de Pomar, donde 17 de los 36 pueblos del municipio carecen de junta vecinal.
En el otro lado de la balanza están el Valle de Tobalina o Villarcayo de Merindad de Castilla La Vieja, donde la práctica totalidad de las localidades conservan la figura de entidad local menor y su pequeña autonomía. La alcaldesa de Villarcayo, Mercedes Alzola, es una férrea defensora de la pervivencia de las entidades locales menores y sus juntas vecinales. «Los pueblos cada vez cuentan con población más envejecida y por ello, los vecinos necesitan de un alcalde pedáneo que trasmita sus necesidades al Ayuntamiento», señala. Alzola, como la mayoría de los alcaldes, destaca la dedicación altruista y la entrega que los alcaldes pedáneos suelen tener hacia sus pueblos.
Para justificar sus planes de supresión de las entidades locales menores, el Gobierno pone de relieve que más del 85% no cumple con su obligación de presentar cuentas anuales ante el Tribunal de Cuentas. El Gobierno quiere controlar los ingresos y gastos de todos los pueblos de España y serán precisamente quienes no lo hagan quienes estarán abocados a desaparecer, según ha trasmitido el secretario de Estado de Administraciones Públicas al presidente de la Diputación, César Rico. El Gobierno considera que la economía de escala, es decir, aquella que ofrece servicios a mayor cantidad de población, generará ahorro en los costes. Pero sobre el terreno, los defensores de la pervivencia de las pedanías, aseguran que sus alcaldes son capaces de hacer mucho más con menos dinero que los alcaldes de los ayuntamientos.
Lo logran porque negocian hasta el límite los presupuestos de las obras que ejecutan y muchas veces se tira del voluntariado para ejecutarlas en colaboración con las empresas privadas. Por otro lado, los alcaldes pedáneos aseguran que llevan las cuentas del pueblo «como las de casa, gastando lo que se tiene y siempre dejando algo, por si acaso». Las pedanías o entidades locales menores, en su mayoría no tienen deudas, al contrario que los ayuntamientos de los que pasarían a depender y donde hasta ahora se acumulaban las facturas impagadas.
En las juntas vecinales no hay gastos de personal, porque, salvo excepciones, no hay trabajadores, y en la práctica totalidad de los casos, tampoco los alcaldes cobran. Expertos conocedores de la Administración Local consideran que «la eliminación de las entidades locales menores es el principio de la desaparición de los pueblos» y que significaría «perder en la calidad de los servicios y en identidad». Otros, más optimistas, creen que desde los ayuntamientos se distribuirían mejor los recursos en los amplios municipios de Las Merindades y que la medida beneficiaría, sobre todo, a los pueblos sin apenas ingresos económicos y con muchas dificultades para salir adelante.  En el Valle de Mena, con nada menos que 59 núcleos de población, de los que 43 son pedanías, ven muy difícil alcanzar a atender a todos sin dificultades.
Las situaciones son tan dispares que van desde las pedanías que apenas alcanzan un presupuesto anual de 3.000 euros hasta las que manejan 115.000, como es el caso de Brizuela, en la Merindad de Valdeporres. Otras dos excepciones son Valdenoceda, con unos ingresos que rondan los 48.000 euros anuales, y Quintana de Valdivielso, con unos 45.000. En los tres casos, los parques eólicos son su principal fuente de riqueza.
El debate está en la calle. De momento, los principales ayuntamientos de la comarca, como Medina de Pomar, Villarcayo, Valle de Mena o Trespaderne, han apoyado su pervivencia con mociones y propuestas aprobadas en pleno. La cuestión es si les escucharán.

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