La Diputación arremete contra la Ley de Montes de la Junta por ‘quitar’ la gestión a los pueblos

21 feb 2006 0 comentarios

Cuando todo parecía rodado hacia una nueva Ley de Montes, hoy borrador y pronto nueva norma que aprobará la Junta de Castilla y León, ha saltado la polémica.Y ha saltado entre esta administración y la Diputación, que considera que la legislación que prepara la Junta «en lo relativo a los aprovechamientos forestales, prácticamente desapodera a las entidades locales de cualquier iniciativa de gestión». O lo que es lo mismo, que los pueblos propietarios de los montes de utilidad pública «no tendrán ninguna participación en las decisiones» que les afecten sino que la Junta lo hará por ellos. Así lo interpreta, desde la Diputación, que ha hecho suya esta apreciación, el ingeniero agrónomo César Roa, entre los más destacados fallos de una ley que considera «precipitada» y cuyos fallos «no se arreglan con alegaciones».

Y por la crítica esencial, la de los pueblos ‘desposeídos’ de sus competencias en los montes públicos, la Junta no pasa. El director general de Medio Natural, el leonés Mariano Torre, sobre el que recae la nueva Ley, afirma no sólo que «no cambiará un ápice» la forma de actuar actual de consenso con las pedanías sino que «incluso introducimos numerosos mecanismos de participación (de los pueblos) que antes no existían, por ejemplo incluyendo que los proyectos de ordenación, los planes de aprovechamiento o los de mejora sea obligatorio un informe de la junta vecinal, nos obligamos a alcanzar acuerdos con ellos».

Eso sí, para Torre las juntas vecinales Junta «ni ahora ni después tendrá derecho de veto» sobre cualquier proyecto, y aún así «la actual Ley de Montes del 57 nos permite hacer cosas como repoblaciones sin contar con ellos, y sin embargo lo consensuamos, pero no tiene sentido que la pedanía decida qué se corta y qué no» porque en manos de la autoridad ambiental debe quedar «la utilidad pública, las decisiones que afectan la monte como espacio de ocio, capturador de CO2 o generador de biodiversidad».

«Diseñamos una gestión compartida: la técnico-facultativa es nuestra, el beneficio es suyo; nosotros decimos qué árbol se corta, ellos venden al precio que quieren», explica con sencillez.

No lo ve igual la institución provincial, que incluso observa que en este apartado la Junta puede ir contra la Ley de Bases de Régimen Local, que establece que recae en su exclusiva competencia la gestión de este tipo de propiedades. De igual manera «puede vulnerarse incluso la Ley de Montes estatal», contempla la Diputación.

César Roa asegura que, con la nueva Ley en la mano, «a las juntas vecinales les quitan la posibilidad de autorizar o no proyectos como la instalación de una estación de esquí, una concesión de minas o la recalificación de un monte como suelo urbano» para construir chalés.

Y además, el experto se pregunta «por qué sólo tienen montes de utilidad pública las juntas vecinales» y que no se regulan los privados «como el puerto San Isidro», que es de la Diputación, con más de 1.000 hectáreas.

León, a través al menos de su Diputación Provincial, no ha presentado alegación alguna al borrador de la inminente Ley de Montes. Así lo asegura el director general de Medio Natural, Mariano Torre, quien recuerda que el documento remitido contempla que sus argumentos contra la normativa en marcha son «sugerencias, observaciones y comentarios» y que, por lo tanto, no se han tramitado como una más de las 95 alegaciones que sí han formulado legalmente otros interesados. Torre aseguró que, eso sí, estas alegaciones han supuesto la modificación o retoque de un total de «78 artículos de los 134 de los que consta la Ley», lo que a juicio del director general es síntoma de la participación social que ha tenido esta tramitación, hasta conseguir una ley que a su juicio es muy avanzada y útil y por la que incluso «nos han felicitado varios colectivos, ayuntamientos muy implicados en este recurso e incluso la Federación Regional de Municipios y Provincias». Mariano Torre aseguró no entender el objeto de las críticas que recoge el informe de la institución provincial, y más proviniendo de Roa, el cual recordó que como trabajador de la Comunidad autónoma conoce perfectamente la normativa y su aplicación.

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