La Diputación de León revoca la tasa por llevar las cuentas a las juntas vecinales

27 feb 2014 0 comentarios

Concejos.org. asun g. puente | león 27/02/2014.- Tras su aprobación inicial hace casi cuatro meses y después del periodo de información pública, la controvertida tasa que el equipo de gobierno pretendía cobrar a las pedanías por realizar su gestión presupuestaria y contabilidad anual quedó ayer revocada. Y es que a pesar de toda esta avanzada tramitación, ahora el interventor, según aclaró ayer el PP, advirtió que la prestación de este servicio no podía ser gravada con una tasa, sino a través de un precio público.
«La Diputación no debe prestar este servicio por obligación y, además, puede hacerlo también el sector privado; por lo tanto no puede ser una tasa», explicó el portavoz popular, Jaime González, quien aseguró que será un precio público, aunque antes de llevarlo a Pleno tienen que realizar un profundo estudio para justificar que «se va a cobrar menos de lo que cuesta la prestación, aspecto que no puede ser según la ley».
La oposición volvió a exigir al equipo de gobierno que no cobrara a las pedanías este servicio, ni con tasa, ni con precio público. Desde el PSOE, su portavoz, Luis Rodríguez Aller, reclamó al PP: «Es el momento de enterrar esta ordenanza, derogarla y que el SAM siga prestando su ayuda a las pedanías».
El diputado de UPL, Lázaro García Bayón, reiteró que las juntas vecinales paguen «supone un ataque más del Gobierno del PP, que claramente quiere eliminarlas» e insistió en que la mayoría de las entidades locales menores no tienen recursos para hacer frente a este gasto. Y el diputado no adscrito Matías Llorente recalcó: «Es un buen momento para mandar la ordenanza al congelador y olvidarse de la tasa y del precio público. Sigan prestando ese servicio como competencia propia».
Ante estos comentarios, el portavoz del PP remarcó a la oposición que con el cambio normativo, la obligación de atender la contabilidad de las juntas vecinales ha vuelto a sus ayuntamientos, los secretarios y los empleados municipales. «Esperamos que todos cumplan con estas obligaciones y si llegan a la Diputación ahora es por omision de los ayuntamientos».
García Bayón alertó de que los consistorios no saben aún qué debe hacerse ante «el revoltijo legal que ahora hay». Tanto UPL como PSOE coincidieron al reclamar que este año fuera de transición. «Demos un respiro a ver qué pasa», dijo Rodríguez Aller.
De nuevo con la palabra, el portavoz popular enfatizó que se trata «de una obligación legal aprobar un precio público para esta prestación, debemos repercutir la totalidad del precio del servicio y si es menos tenemos que motivarlo adecuadamente». González recordó que actualmente la Diputación lleva las cuentas de alrededor de 400 pedanías y garantizó que ninguna desaparecerá «por la inacción de la institución provincial».
En las alegaciones presentadas, fueron desestimadas todas las planteadas por IU, mientras que la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores logró que se tuvieran las suyas en cuenta parcialmente, ya que se admitió sólo el punto tres. Precisamente hace referencia a que legalmente este servicio no puede ser gravado mediante una tasa por «arbitraria, injustificada y discriminatoria».

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