La Diputación de Segovia elevará a instancias superiores un dictamen en defensa del municipalismo

25 sep 2012 0 comentarios

SEGOVIA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) – El Pleno de la Diputación de Segovia ha aprobado este martes un dictamen en defensa del municipalismo, consensuado entre PP y PSOE, que será trasladado a la Presidencia del Gobierno central, la Junta de Castilla y León, las federaciones nacional y regional de Municipios y Provincias (FEMP y FRMP), así como a los grupos políticos en el Congreso de los Diputados y las Cortes autonómicas.
   El documento resalta la importancia de las entidades locales y su contribución en la vertebración del territorio, la cohesión social y en la prestación de servicios esenciales y básicos, descentralizados y de proximidad para todos, en un contexto de realidad “compleja, diversa y difícil”.
   A través del texto, ambos grupos piden que se garantice el principio de autonomía de las entidades locales, la no desaparición de entidades locales menores, ayuntamientos, mancomunidades o diputaciones y la no supresión del número de concejales.
  En este sentido, instan a que se trabaje coordinadamente y se alcancen acuerdos entre todas las administraciones y entidades afectadas con el objetivo de clarificar, delimitar y asignar las competencias de cada una de las instituciones, bajo el principio de una competencia en una sola administración y en coordinación en caso de aquellas de difícil atribución.
   “Manifestamos que la asignación de competencias a las diferentes administraciones debe ir acompañada de la necesaria y suficiente financiación para hacer frente con la calidad que por la norma competente sea exigible a tales prestaciones”, añade el dictamen.
   Al mismo tiempo, se reclama que entre otros criterios de reparto se tenga en cuenta la realidad de la provincia segoviana, caracterizada por la dispersión de los habitantes en más de 350 núcleos poblacionales, la despoblación y el porcentaje de residentes mayores de 65 años.
   La proposición pide por último que se establezcan con precisión los mecanismos jurídicos y administrativos que obliguen a las juntas vecinales, ayuntamientos, diputaciones, mancomunidades, consorcios, comarcas, comunidades y Administración General del Estado a cumplir los principios de estabilidad financiera, rendición de cuentas y transparencia, así como los procedimientos aplicables para corregir o sancionar las deficiencias, cuando se constate que no se cumplen los preceptos emanados de las mismas.

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