Las Cortes trasladan al Gobierno su defensa de las juntas vecinales como "institución esencial" para CyL

21 mar 2013 0 comentarios

20minutos, 21/3/2013.- El Pleno de las Cortes de Castilla y León ha aprobado este jueves una Proposición No de Ley (PNL) presentada por los tres grupos parlamentarios -PP, PSOE y Grupo Mixto— a través de la que trasladan al Gobierno central su defensa de las entidades locales menores regidas por concejos y juntas vecinales como “institución esencial” para Castilla y León.
PP, PSOE y Grupo Mixto han defendido a través de esta proposición que estas instituciones son “esenciales” en la estructura territorial e institucional de la Comunidad Autónomas, por lo que señalan que las modificaciones que se plantean en el anteproyecto de Ley de Bases de Régimen Local y en el de Ordenación del Territorio de la Comunidad “han de garantizar la pervivencia” de dicha institución.
No obstante, los tres grupos parlamentarios exigen a la Junta que traslade al Ejecutivo central que se trata a las entidades locales menores con los mismos derechos y obligaciones que actualmente tienen reconocidos, implantando los mecanismos que fomenten su modernización y la mejora de su eficacia y transparencia en la prestación de servicios ciudadanos.
El procurador ‘popular’ por León Francisco Javier García-Prieto Gómez ha insistido en que esta iniciativa parlamentaria no es una “simple” PNL sino que se trata de una “declaración institucional” que da luz a una “posición de Comunidad” en relación a la nueva ordenación de las administración locales y a través de la que se exige al Gobierno “racionalidad, sensibilidad y respeto” al mundo local que, a su juicio, merece “modernización y mejora permanente”.
Por su parte, el procurador socialista por León Miguel Ángel Fernández Cardo ha insistido en que a través de esta PNL los tres grupos parlamentarios trasladan su “no rotundo” a la “pena de muerte” a la que el Gobierno del PP “pretende condenar a las juntas vecinales”.
Por último, José María González (IU) ha recordado que estas instituciones tienen “poder de decisión” en asuntos que afectan a la vida ordinaria de los vecinos y ejemplifican la forma “más tradicional” de la “libertad colectiva”, tras lo que ha señalado que la normativa planteada por el Ejecutivo regional es un “ataque frontal contra la independencia del poder local”.

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