Las pedanías reincidirán en exigir a la Junta más autonomía para sus montes

12 sep 2006 0 comentarios

La plataforma rural contra la Ley de Montes, socialistas y leonesistas reclaman negociar
El nuevo periodo de alegaciones del anteproyecto reactiva las reivindicaciones
La decisión de la Junta de propiciar un nuevo debate sobre la Ley de Montes con la apertura de un segundo periodo de alegaciones, tras la intensa contestación del texto durante los últimos meses, impulsará que las pedanías oficialicen sus reivindicaciones centradas, sobre todo, en reclamar más autonomía y protagonismo sobre sus montes.

Así lo avanzó ayer el secretario y portavoz de la plataforma rural contra la Ley de Montes, Nicolás Pérez (San Martín del Agostedo, en el municipio de Santa Colomba de Somoza), quien avanzó que el jueves tendrá lugar una reunión de este colectivo para analizar los pasos que se seguirán con este nuevo periodo de alegaciones. «Queremos participar en las decisiones sobre la gestión de nuestros montes», dijo.

Por su parte, el portavoz del PSOE en la Diputación y uno de los promotores de la plataforma -integrada por 16 representantes de juntas vecinales y ayuntamientos- manifestó ayer que la institución autónoma debe abrir de «forma inmediata» una mesa de negociación, donde representantes de todos los grupos políticos y las pedanías «tengan cabida y expongan sus propuestas de futuro».

Marcelo Alonso se congratuló también de que la Junta haya rectificado «por fin» y someta de nuevo a consideración este texto legal. «Debe tener la suficiente participación para garantizar que todos los afectados económicos y sociales opinen y la ley cuente con consenso».

Explicó, en este sentido, que la normativa debe ser «la base para garantizar un mejor aprovechamiento de los montes con todos sus recursos económicos y medioambientales para propiciar la calidad de vida de sus habitantes y que la riqueza se quede en sus territorios».

Para el portavoz de la UPL en la institución provinvial, Luis Herrero Rubinat, es de «agradecer que la Junta dé marcha atrás, no estamos acostumbrados a que reconozca sus errores y con esta ley por lo menos abre la puerta a nuevos pronunciamientos, tras la alarma que había generado en la mayoría de las pedanías». Recordó que «ahora deberán tragarse sus palabras destacadísimos dirigentes del PP que ensalzaron en su día el anteproyecto en un Pleno lleno de pedáneos». Recalcó que la Junta tiene que cambiar la filosofía de la ley, aunque advirtió de que esta maniobra «puede ser un gesto hacia la galería ante las elecciones».

Desde que la Junta cerró el periodo de alegaciones del anteproyecto de la Ley de Montes y las pedanías de León fueron conociendo -a principios de año- la trascendencia de este documento en la futura gestión de los montes de utilidad de la provincia, la polémica fue reavivándose con los meses con sucesivas reclamaciones y protestas.

Los presidentes de las entidades locales menores afectadas -más de 700 juntas vecinales con control sobre 956 montes de estas características- criticaron a la institución autónoma por no propiciar que las pedanías conocieran a tiempo este anteproyecto para poder formular alegaciones.

De hecho, de las 95 presentadas en todo el ámbito de la comunidad, únicamente dos fueron las instituciones leonesas que llegaron a enviarlas: el Ayuntamiento de Luyego y la pedanía de Tabuyo del Monte. También la Diputación remitió a Valladolid una serie de consideraciones muy críticas sobre el anteproyecto. Las protestas continuas de las juntas vecinales, apoyadas en esta batalla por socialistas y leonesistas, obligaron a la institución autónoma a convocar a los pedáneos a finales de mayo a reuniones informativas celebradas en León y Ponferrada.

Además, la convocotaria por parte del PSOE de una protesta masiva con sus pedáneos en el Pleno de la Diputación días antes obligaba a la Junta a tratar de acallar esta concentración, que finalmente no pudo evitar.

Antes de las vacaciones de agosto, los socialistas constituyeron una plataforma de juntas vecinales gobernadas por esta formación, aunque abierta a la adhesión de otras, con representación de las montañas oriental y central, el Bierzo, Laciana, la Cabrera y el sur de la provincia. Su primera misión fue la puesta en marcha de una intensa campaña de firmas contra este anteproyecto.

El responsable de la institución provinciasl felicitó ayer a la Consejería de Medio Ambiente «por su sensibilidad para someter de nuevo a consideración un texto legal, probablemente no bien explicado, en busca de más acuerdos, tal y como demandaban los afectados».

Javier García-Prieto comentó también que esta decisión de la Junta abrirá un debate político y social y que la Diputación, en el «nuevo escenario planteado, seguirá defendiendo el activo que para la provincia suponen las juntas vecinales, con un patrimonio histórico al que alentamos sus posibilidades de desarrollo».

Respecto a la posibilidad de que la institución provincial presente alegaciones al anteproyecto en este segundo periodo, García-Prieto afirmó que la Diputación «apoyará la voluntad mayoritaria en León y participará en el debate para contribuir a que la nueva Ley de Montes sea formulada de acuerdo a las consideraciones de la mayoría».

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