Los documentos de la infamia

24 jul 2012 0 comentarios

Pasa el tiempo y seguimos sin escuchar la opinión de nuestros dirigentes sobre la desaparición de las Juntas Vecinales. Da la impresión de que existe una consigna de dejar correr el tiempo y, ayudados por el silencio de los principales periódicos, esperar a que la gente se olvide del tema hasta que sea demasiado tarde. No es esa nuestra intención. Algunas personas ven como algo imposible que se cometa semejante crimen institucional, y confían en que todo sea un mal entendido. Para ellos van dedicados los siguientes documentos: el Informe sobre el Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (enlace de la Moncloa), y la transcripción de la Conferencia de Prensa de la vicepresidenta y de los ministros de Hacienda y de Economía después de la reunión del Consejo de Ministros del viernes 13 de julio. 
Informe sobre el Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local

  • Se clarifican las competencias municipales para evitar duplicidades y eliminar las “competencias impropias”, lo que supondrá un ahorro de al menos 3.500 millones de euros.
  • Se suprimen las 3.725 entidades locales menores existentes.
  • Se eliminarán las mancomunidades cuya sostenibilidad financiera no esté asegurada y sus competencias pasarán a ser ejercidas por las Diputaciones provinciales, que se refuerzan.
  • Se fortalece la figura del interventor municipal, que dependerá funcionalmente de la Administración General del Estado, para dotarle de mayor independencia y objetividad, así como garantizar la legalidad y el control financiero y presupuestario.

Ningún alcalde ni presidente de Diputación podrá cobrar más que un ministro (68.981,88 euros) ni las retribuciones de la Corporación Municipal podrán suponer más del 0,6 por 100 del total de gastos del Presupuesto municipal.
En las próximas elecciones municipales se eliminarán 21.338 concejales y los municipios no podrán tener más de 35 concejales.
El Consejo de Ministros ha recibido un informe del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas sobre el Anteproyecto de Ley para la racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, que está inspirada en el principio de ‘Una administración, una competencia’, para buscar una gestión más eficiente, con un ahorro de al menos 3.500 millones de euros por la eliminación de duplicidades y competencias impropias.

Este Anteproyecto cambia la legislación básica municipal con el objetivo de que las Entidades Locales se adapten a la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y evitar que gasten más de lo que ingresan. Para ello, se actualizan las competencias municipales, atribuyendo con precisión las que deben ser desarrolladas por los municipios, diferenciándolas con claridad de las estatales o autonómicas.

Se trata de que las Entidades Locales no vuelvan a asumir competencias impropias, es decir, competencias que no les están atribuidas normativamente y para las que no disponen de financiación. Con la reforma las competencias en materia de educación y sanidad de las Entidades locales pasarían a las Comunidades Autónomas.

Por otro lado, la modificación no prevé la supresión de ningún municipio, con lo que se respeta la representación de la voluntad popular en los Ayuntamientos. Sin embargo, se fomenta la agrupación de servicios para lograr importantes ahorros de costes mediante economías de escala. Según el Instituto de Estudios Fiscales, el gasto de ofrecer los servicios a los ciudadanos es cuatro veces más caro en los municipios de 5.000 habitantes. Así, el coste per cápita en los municipios de menos de 5.000 habitantes es de 2.613,57 euros, mientras que en el caso de los municipios de más de 100.000 habitantes suponen 652,91 euros.

En este sentido, se potencia el papel las Diputaciones Provinciales, Consejos Insulares o Cabildos y Comarcas, para la gestión de servicios obligatorios mínimos en municipios inferiores a veinte mil habitantes.

Como consecuencia de lo anterior, el ahorro generado por la absorción de los servicios públicos obligatorios por las Diputaciones en municipios inferiores a cinco mil habitantes sería de 2.248,2 millones de euros, que llegarían a los 3.500 millones con la absorción de competencias de municipios de hasta veinte mil habitantes.

Actualmente, el 71,3 por 100 de las mancomunidades no cumple con sus obligaciones de presentar cuentas anuales. Los servicios de las mancomunidades pasarían a depender de las Diputaciones Provinciales, una administración más transparente ya que el 90 por 100 sí cumple con la presentación de las cuentas anuales.

La supresión de las mancomunidades que no superen los criterios de evaluación conllevará un ahorro estimado de más de setecientos millones de euros. Asimismo, más del 70 por 100 de las entidades locales menores no cumplen con su obligación de presentar sus cuentas anuales.

Asimismo se disuelven las 3.725 entidades locales menores existentes, entre las que están las pedanías o las parroquias, que pasan a ser absorbidas por los Ayuntamientos de los que dependan.

Delegación o traspaso de competencias

También se mejora la regulación de los convenios entre Administraciones. Hasta ahora eran foco de endeudamiento al no ir acompañado el traspaso de competencias de su correspondiente financiación. Con la reforma, los convenios por los que el Estado, las Comunidades Autónomas o cualquier Entidad Local deleguen el ejercicio de competencias en los municipios deberán ser aceptados expresamente por éstos y habrán de suponer una mejora en la eficiencia de la gestión pública.

Igualmente, será condición indispensable para la firma de un convenio la contribución a eliminar duplicidades administrativas. La Administración que delega se reservará los mecanismos de control precisos para asegurar la adecuada prestación del servicio delegado. La delegación de competencias irá siempre acompañada de la correspondiente dotación presupuestaria anual.

Estándar de servicios obligatorios

A partir de ahora se distingue entre servicios obligatorios y facultativos. Los municipios tendrán la garantía de una cobertura financiera suficiente para sus servicios obligatorios y, por encima de un nivel estándar de prestación de servicios, su financiación no podrá ser reclamada a otra administración. Sólo cuando estén garantizados financieramente los servicios obligatorios se podrán prestar servicios facultativos.

Se redimensiona el Sector Público Local formado por un gran número de entes, organismos, sociedades, fundaciones y consorcios públicos, que habían proliferado en los últimos años, para racionalizar su número, profesionalizar su gestión y ahorrar costes. Por otro lado, se establece un periodo transitorio hasta el 31 de diciembre de 2014 para que se corrija el déficit de estas entidades y se determina, en caso contrario, a fecha 1 de agosto de 2015 su disolución.

Asimismo, se limita el número de asesores de las entidades locales pues su personal eventual no podrá superar el número de concejales.

Por último, se fortalece la figura del interventor municipal y de los funcionarios con habilitación nacional con el objetivo de aumentar la independencia, profesionalidad y objetividad en el ejercicio de sus funciones de garantizar la legalidad y el control financiero y presupuestario en la gestión local, ya que se recupera su dependencia funcional de la Administración General del Estado. Al mismo tiempo, se promueve la colaboración del Estado con las Intervenciones locales.

Publicidad de las retribuciones de alcaldes y concejales

A partir de la próxima Ley de Presupuestos, los presupuestos de cada año fijarán los baremos de la retribución de alcaldes y concejales en función de las características del municipio. Hay que tener en cuenta que la futura Ley de Transparencia contempla la obligación de dar publicidad a las retribuciones e indemnizaciones percibidas por los cargos electos locales.

REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE CONCEJALES
A través de un segundo Anteproyecto de Ley, del que también ha informado al Consejo de Ministros el titular de Hacienda y Administraciones Públicas, se modifica también la Ley Orgánica del Régimen Electoral General con objeto de reducir en un tercio el número de concejales existentes, que pasan de los 68.578 actuales a 47.240. Ello significa que en las próximas elecciones municipales se elegirán a 21.338 concejales menos, lo que supone un 31,1 por 100 de reducción.

Igualmente, se establece un límite máximo de 35 concejales en los municipios más grandes.

Conferencia de prensa de la vicepresidenta y de los ministros de Hacienda y de Economía después de la reunión del Consejo de Ministros

Vicepresidenta.- Muy buenas tardes a todos. Perdonen el retraso pero, como ustedes ya conocen, hoy se han celebrado dos Consejos de Ministros diferentes y en diferente sede. A primera hora de la mañana hemos tenido un Consejo de Ministros deliberante, meramente informativo, con el jefe del Estado, con S.M. el Rey, donde simplemente se ha informado de la marcha de la economía y de la situación por la que atraviesa el país. Ahí no se ha tomado ni debatido ninguna decisión de las que sí han sido objeto en el segundo de los Consejos de Ministros, que ya se ha celebrado en la sede de Moncloa a partir de las once y media de la mañana.

Por tanto, les vamos a dar cuenta de las decisiones importantes, necesarias e inaplazables que se han adoptado, como digo, en el segundo de estos Consejos de Ministros, que ha tenido lugar en Moncloa.

El pasado miércoles, el presidente del Gobierno hizo una descripción exhaustiva y detallada de la difícil situación por la que atraviesa la economía española. Quizás España vive hoy, y los españoles vivimos hoy, uno de los momentos más difíciles y más traumáticos de nuestra historia reciente: una crisis que se ha convertido en un drama diario para millones de españoles y que nos obliga a trabajar a todos decididamente para atajar el déficit importantísimo de nuestras cuentas públicas y los problemas de crecimiento que tenemos, pero muy especialmente la situación por la que atraviesa el empleo.

Son momentos en los que un Gobierno, y especialmente su Presidente, tiene que actuar con responsabilidad, con rigor y con realismo. Este Gobierno ha adoptado medidas que no son ni sencillas, ni fáciles, ni populares. Y no lo son porque en esas medidas les estamos pidiendo a muchísimos españoles, que están en una situación ya muy complicada, esfuerzos adicionales y sacrificios importantes para, entre todos, sacar adelante el país.

El momento que atraviesa España es un momento en el que miles de españoles viven al límite de sus posibilidades, en el que millones de ellos no tienen empleo y en el que todo el mundo se afane y se esfuerza por sacar adelante a sus familias, pero en el que todos compartimos un objetivo común, que es tener un futuro. Los que tienen hijos quieren que sus hijos puedan encontrar un empleo, los que tienen una pensión quieren tenerla asegurarla para el futuro y los que tenemos un trabajo quizá tengamos que hacer en este momento un esfuerzo adicional para ayudar a pagar el desempleo de los que no lo tienen. Ésta es la situación por la que atraviesa nuestro país.

No hay que quitarle ni al país un ápice de la dificultad que vive ni al Gobierno un ápice de la responsabilidad, el rigor y la determinación con los que tiene que actuar. Estamos obligados a hacerlo lo mejor posible y trataremos de hacerlo con la máxima justicia y con la máxima equidad.

Como digo, es un momento difícil, pero no para el Gobierno; es difícil para los españoles. Este Gobierno tiene la obligación de ayudar a este país a crecer y a crear empleo, y a eso es a lo que nos vamos a dedicar ahora y en el futuro. Para lograrlo tenemos que hacer dos cosas muy claras: la primera de ellas, quizás más dolorosa; la segunda, porque es nuestra convicción verdadera.

En primer lugar, tenemos que hacer un esfuerzo de consolidación fiscal por la vía del gasto y por la vía del ingreso. No tenemos otro remedio para intentar tapar el agujero que presentan nuestras cuentas públicas y que lastra nuestra posibilidad de crecimiento. Pagar los intereses de la deuda pública es dinero que se detrae de las pensiones, de la prestación del paro, del Estado de Bienestar, de la educación y la sanidad, y no podemos mantener este nivel de intereses durante mucho tiempo; por tanto, hay que atajarlo.

Pero, en segundo lugar, tenemos que hacer reformas estructurales que nos permitan crecer y crear empleo. Es el momento de cambiar lo que no funciona y de dejar de conformarnos con cosas que no se han hecho nunca. Indudablemente, cuando se toman decisiones de esta naturaleza, le afectan a mucha gente, a personas y a empresas, muchas veces claramente identificadas, con nombres y apellidos. Pero un Gobierno tiene que tomar decisiones a sabiendas de que, si no cambiamos las cosas, no mejorará la situación.

Junto a ello, yo quiero trasladar un mensaje de esperanza: éste es el camino. Podemos hacer dos cosas: no hacer ninguna reforma, no hacer ningún cambio, y entonces renunciar a todo lo que ha conseguido España; o hacer reformas, hacer cambios y mantener lo que España es y, sobre todo, lo que puede llegar a ser.

Con ese esfuerzo de unidad y responsabilidad de todos, también queremos decirles a los españolas que es posible, que España lo ha logrado en otros momentos históricos, que los españoles somos los mismos y, desde luego, que por este Gobierno no va a quedar en esfuerzo, en rigor, en determinación y en trabajo.

Paso a detallarles algunas de las decisiones que se han tomado en el día de hoy y de las que tomaremos en siguientes momentos.

En primer lugar, hoy se han aprobado dos acuerdos importantes para la consolidación fiscal: de un lado, un Acuerdo de no disposición de determinadas cantidades, especialmente transferencias, para el año 2012, para ajustar el déficit que nos queda por paliar este año; y, de otro, un Real Decreto Ley de medidas para asegurar la estabilidad presupuestaria y mejorar la competitividad. Esto ¿qué es? Medidas en el ámbito de los gastos y medidas en el ámbito de los ingresos para ajustar nuestro déficit en la senda 2012, 2013 y 2014, como anunció el presidente del Gobierno.

Pero, junto a esas normas, hoy se aprueban también importantes reformas estructurales, de las que luego daremos cuenta: una reforma de la Administración Local; una nueva norma de liberalización para crecer, para crear empleo, en materia de horarios comerciales y actividades profesionales, y una nueva Ley de Costas para trabajar por la seguridad jurídica y la protección de nuestro medio ambiente.

Hoy se ha aprobado, además, en Consejo de Ministros, el calendario de un Programa Nacional de Reformas para el segundo semestre; un Programa Nacional de Reformas que tiene los siguientes elementos fundamentales: se aprobarán, de aquí a finales de año, veinte leyes que tienen como objetivo fundamental reformar las Administraciones Públicas, ganar en competitividad y mejorar nuestra economía para crecer.

En el ámbito de las Administraciones Públicas hoy da su primer paso la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local; pero aprobaremos también y mandaremos a las Cortes este mismo mes de julio la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Código de Buen Gobierno. En el apartado de Administraciones Públicas aprobaremos también y mandáremos a las Cortes, en el siguiente periodo de sesiones, una Ley de Acción Exterior para mejorar la imagen, la posición y la defensa de los intereses españoles en el exterior.

Un segundo capítulo importante será el tributario, muy especialmente la lucha contra el fraude. Junto al Proyecto de Ley de Lucha contra el Fraude Fiscal, que ya está en las Cortes Generales, aprobaremos este mes de julio una Ley de Lucha contra el Fraude Laboral, que se remitirá al Congreso, y un Código Penal en materia económica, que contendrá tanto una regulación mucho más rigurosa y estricta del delito fiscal y de la prescripción que lleva aparejada, como los delitos de fraude laboral y el mal uso de los recursos públicos por parte de los gestores públicos. Estoy hablando de la inhabilitación de aquellos gestores públicos que oculten sus cuentas o que las falseen.

El tercero de los elementos de trabajo lo será en materia precisamente de empleo y de Seguridad Social, donde abordaremos una nueva Ley de Mutuas y donde mandaremos a la Comisión conocida como del Pacto de Toledo, del seguimiento de los acuerdos de pacto de Toledo, una ley para garantizar el factor de sostenibilidad en el sistema de pensiones.

En cuarto lugar, la liberalización de nuestra economía, en la senda de lo que marcan las recomendaciones europeas, va a ser objeto de importantes reformas. Hoy, como decía, en un Real Decreto Ley se aprueba una nueva regulación de los horarios comerciales y de las actividades promocionales, pero también liberalizaremos el ámbito de los transporte ferroviario y aeroportuario este mismo mes; del alquiler de viviendas también se aprobará este mes; del transporte terrestre durante este mes de julio, así como la liberalización de los servicios profesionales a partir del mes de septiembre.

Un quinto elemento importante de reformas son las relativas a la unidad de mercado y a la seguridad jurídica. A partir del próximo mes de septiembre remitiremos a las Cortes Generales una Ley de Unidad de Mercado para evitar la fragmentación de nuestro mercado nacional y lograr simplificar normas, procedimientos y el reconocimiento de licencias y permisos; una nueva ley relativa a los organismos supervisores, que será la relativa a la creación de una única Comisión Nacional de Mercados y Competencias; una Ley de Costas para dar seguridad jurídica y proteger el medio ambiente en nuestro litoral, que es la base también fundamental de nuestro turismo, y que ahora explicaré porque se ha aprobado el Anteproyecto en el día de hoy; y una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, que va a ser la base de una reforma profunda de la Administración de Justicia al servicio de la seguridad jurídica y de la agilización de los procedimientos judiciales, elemento básico para la confianza entre todos los operadores jurídicos; pero también en el ámbito económico y en el ámbito comercial.

Por último, aprobaremos dos cambios importantes que inciden directamente en la competitividad de nuestra economía: una reforma energética y hoy, en el Real Decreto Ley para favorecer la competitividad, hay algunos elementos de esa reforma tendentes a controlar el déficit tarifario durante el año 2012, pero en este mes de julio se aprobará una nueva ley para paliar el déficit tarifario reguladora o reformadora del mercado de la energía; por último, en el próximo período de sesiones se enviará a las Cortes una profunda reforma educativa y de la Formación Profesional.

Como decía, es un completo paquete de reformas estructurales que tiene por objeto dinamizar nuestra economía, cumplir las recomendaciones de la Comisión Europea para ganar en competencia y para favorecer la liberación de mercados y el funcionamiento mejor de nuestro mercado interior, y, sobre todo, para impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo.

Aunque no es de mi Departamento, pasaré a explicarles algunos de los ejes fundamentales de la Ley de Costas que, como bien saben, hoy pasa el primero de sus trámites, que es el Anteproyecto antes de su remisión al Consejo Asesor de Medio Ambiente.

Esta Ley tiene dos objetivos fundamentales: de un lado, la protección de nuestro litoral, que es uno de los principales activos medioambientales y también turístico que tiene nuestro país; y, de otro lado, dar protección jurídica a propietarios y a concesionarios.

En primer lugar, se impone un criterio de tolerancia cero frente a las agresiones en la costa. Verán en la Ley una disposición adicional que podemos llamar “cláusula Antialgarrobicos”. Eso ¿qué quiere decir? Que, a partir de ahora, la Administración del Estado podrá intervenir para parar aquellas obras en pleno dominio público, es decir, en las playas o en las zonas de servidumbre, que sean contrarias a la legislación medioambiental. ¿Y cómo? Podrá actuarse frente a los acuerdos municipales que aprueben, autoricen o den licencias a obras que sean contrarias a esa legislación. El Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, podrá recurrir esas decisiones ante la jurisdicción contencioso-administrativa y obtener su suspensión para evitar que nos encontremos ante determinados hechos consumados en la zona de dominio público marítimo-terrestre o en las zonas de servidumbre y, por tanto, de protección.

En segundo lugar, esta Ley trata de dar seguridad jurídica a toda una serie de propietarios y concesionarios, que se ven abocados muchas veces, a pesar de tener su propiedad inscrita en el Registro de la Propiedad y pagar todos los impuestos, a verse afectados por un problema en relación con su titularidad. Y eso, ¿cómo lo hacemos? En primer lugar y en relación con los propietarios, que ahora tenían una concesión de treinta o sesenta años, se amplía esa concesión hasta los 75 años, en la línea general de duración de las concesiones.

Se solventa, por otro lado, el problema conocido como de los “chiringuitos”, aquellas concesiones que son temporales en la zona de la playa, que estaban en un terreno de gran inseguridad jurídica y posibilidades de desaparición, donde se establecerá un período de duración de cuatro años y su mantenimiento, siempre y cuando se cumplan las condiciones de protección medioambiental del litoral.

Por otro lado, se da una mayor seguridad jurídica a una tarea difícil administrativamente, pero que es necesario que coordinemos mejor con el Registro de la Propiedad. ¿A qué me estoy refiriendo? Trataré de explicarlo de una manera sencilla, aunque el asunto no lo es. Es el deslinde de nuestras costas. Como bien saben, muchas veces nuestras playas son afectadas por invasiones del mar, hay que volver a contar la línea de la zona marítimo-terrestre y de las zonas de protección, y ciudadanos que tenían su casa, plenamente propietarios, inscritos en el Registro de la Propiedad, de pronto, con un deslinde, llegan a la situación, que ha afectado a barrios, muchas veces barrios de pescadores y barriadas muy amplias, de que la zona, la casa en la que viven, no es suya como consecuencia de un deslinde administrativo.

Vamos a tratar de que ese deslinde administrativo se haga con reglas mucho más claras, muy rigurosas; se inscriba en el Registro de la Propiedad para que pueda ser conocido y se proteja con publicidad frente a determinados cambios legales que pueden perjudicar ese derecho a la propiedad.

Se trata, por tanto, de dos ejes fundamentales: dar seguridad jurídica y proteger nuestro medio ambiente.

Voy a dar la palabra, en primer lugar, al ministro de Hacienda, que explicará, tanto los aspectos básicos de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de Administración Local y los cambios en la Ley Electoral General relativos al número de concejales, como las medidas de consolidación fiscal del Real Decreto Ley que hemos aprobado en el día de hoy.

Sr. Montoro.- Voy a informarles, como ha insistido la Vicepresidenta en esta presentación, de que las medidas que está acometiendo el Gobierno responden al seguimiento, a la adecuación, a la nueva senda de consolidación del objetivo de déficit público planteado por la Comisión Europea, planteado en los órganos de decisión de Europa. Éste es el sentido de buena parte del contenido de las medidas que ha aprobado el Consejo de Ministros en el día de hoy y es un sentido fundamental para la recuperación económica, la creación de empleo y, para ello, financiar a la economía española.

Si no reducimos el déficit público al ritmo que estamos comprometidos a hacerlo, lo que tendremos es la prolongación de esta crisis económica y la prolongación, incluso, de la recesión económica. Por eso estamos adoptando medidas, medidas que son reformas estructurales y medidas que son también cambios tributarios; que son reformas en ese sentido y que van a quedar ahí, pero que son reformas que también en los próximos años, en los próximos ejercicios, verán completada la estructura de nuestro sistema tributario; reformas dedicadas a ahorrar en el funcionamiento de las Administraciones públicas, reformas a hacer más eficientes los servicios públicos y también comprometiéndonos con una gestión más cercana al ciudadano.

Entre esas reformas comenzábamos por lo que se refiere a… Realmente, ya son todas conocidas, fueron presentadas por el presidente del Gobierno en la sesión parlamentaria en el Congreso de los Diputados. Pero hoy hemos aprobado el Anteproyecto de Ley que modifica la Ley de Bases de Régimen Local en nuestro país y es un Anteproyecto de Ley que lo que pretende –voy a tratar de resumir– es que nuestras Corporaciones Locales acometan las funciones para las que tienen presupuesto, tienen dotación presupuestaria, y no hagan aquello que exceda de la definición competencial de la nueva Ley, y, al tiempo, eliminen órganos intermedios, hoy presentados –se ha llegado a ellos, pretendidamente, por organizar mejor los servicios públicos, pero no tienen mucho sentido; no contribuyen realmente a una eficaz gestión, como es el caso de las mancomunidades–, o también la supresión de entidades locales de orden menor, por ejemplo pedanías, que hoy también forman parte de esa estructura de la Corporación Local demasiado opaca, no rinden cuentas y, por tanto, hay que simplificar y calibrar las actividades que están realizando.

Éste es el sentido y el contenido de una reforma que es de competencias para hacer válido, para hacer real, el principio, que también anunció el presidente del Gobierno en su discurso de investidura: una Administración-una competencia.

Esa reforma de la Administración comienza, precisamente, por las Corporaciones Locales y tendrá consecuencias en términos de delimitación de sus competencias con las Comunidades Autónomas y con la propia Administración General del Estado.

Ésta es una ley, por tanto, muy importante, que también se verá completada con la reducción del número de concejales; en concreto, con ese 30 por 100 del número de concejales, que también fue anunciada por el presidente del Gobierno, y que permite aligerar y favorecer la toma de decisión política.

Estas dos Leyes lo que hacen también es, además de ese ordenamiento, en el cual insisto, porque es el fundamental competencial –ése es el sentido de esta Ley–; lo que hacen también es comprometer la calidad del servicio público, algo que es fundamental. Esa calidad del servicio público quedará en su baremo, en su valoración, en las manos de la Administración General del Estado. La baremación de la calidad del servicio público local estará en manos de la Administración General del Estado y, en concreto, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, lo que llevará a que los municipios de menos de veinte mil habitantes, si no van cumpliendo la calidad en la gestión de esos servicios públicos, y esos municipios están sometidos a planes de ajuste, como hoy lo están, a través del Plan de Proveedores, y como también lo están, como lo saben, en términos de cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria… Lo que se hará es que esos servicios públicos pasen a desarrollarse por las Diputaciones Provinciales, que actuarán como una gestora centralizadora de servicios públicos para Ayuntamientos de orden menor.

Por tanto, estamos ante una reestructuración administrativa competencial muy importante y encaminada a simplificar y a reducir las estructuras burocráticas y las estructuras políticas de nuestro país.

Junto a ello, también lo que haremos, en lo que es el contenido de esa Ley, es introducir los cuerpos del Estado en lo que será la gestión de esas Corporaciones Locales. Recuperamos lo que fue la acción, la función, pública del Estado en los Cuerpos, fundamentalmente, de Interventores y de Secretarios Municipales. Esto también es un gran cambio, es una vuelta a lo que ya tuvimos en España y que nunca debimos perder, y es la objetividad de esa gestión para la transparencia de las decisiones políticas en el manejo de los presupuestos públicos, y la independencia y la objetividad en la toma de esas decisiones.

Por tanto, estamos hablando de una reforma estructural de la función pública bastante importante.

En lo que se refiere también a los funcionarios, a lo que es la propia función pública, quería decirles que lo que hemos aprobado ha sido una serie de cambios en la función pública, que son cambios encaminados a asimilar el régimen laboral de esa función pública con lo que es el régimen laboral en términos del mayor número de los trabajadores de España que desarrollan su actividad en el sector privado. Hay ahí un paso en clave de asimilación.

Además, implícitamente está también la petición a la función pública, desde el reconocimiento del valor de su acción, porque España tiene una gran función pública –sin ella, hoy no seríamos lo que somos–; se trata también de pedir a esos funcionarios, una contribución, de manera que su esfuerzo, que siempre es tan necesario… Hoy lo es todavía más en las circunstancias críticas que estamos viviendo, razón por la que se adoptan medidas de cambio de su régimen de incapacidad laboral transitoria en términos de asimilación al régimen que se aplica en términos generales.

Cambios como es también la reducción de los días libres y cambios relativos a la renuncia a la paga extra de diciembre de este año, que no se pierde y quedará compensada, a partir de 2015, en forma de retribución en su sistema complementario de pensiones. Por tanto, quiero dejar claro que estamos haciendo una actuación de una vez, en una ocasión tan excepcional como es este 2012, y que no se pierde en términos de lo que será su base retributiva, sino que será devuelta a partir de 2015, donde seguro que viviremos otra economía, viviremos otra España, y todos tendremos la satisfacción de haber contribuido a ese cambio y veremos con toda normalidad cómo se recupera en la parte que tiene que ser fundamental, que es asegurar el futuro de su pensión.

Éstas son las medidas más importantes –también menciono la reducción de “liberados sindicales”– y medidas que van conducentes a más esfuerzo, más actividad, en materia de función pública, más asimilación a lo que están haciendo los trabajadores privados de nuestro país, la gran mayoría, y a dotar de más sentido, de más contenido, a ese servicio público. Insistimos desde el Gobierno y yo, desde mi condición, en que España tiene una gran función pública y lo que tenemos que hacer juntos es ser capaces de renovarla, ser capaces de que esté a la altura de un tiempo difícil, mostrando lo que es su capacidad de adaptación a este tiempo difícil.

Pasando a los tributos, a las medidas relativas a la tributación, quería decirles que la primera de ellas consiste en la subida de los tipos del IVA y de algunas de las clasificaciones de productos, de bienes y servicios sujetos a los diferentes tipos de IVA, que entrarán en vigor a partir del 1 de septiembre. La subida, por tanto, será real el 1 de septiembre. Esa subida del IVA, ya también suficientemente conocida y explicada, afecta al tipo general, que pasa del 18 al 21 por 100; afecta al tipo reducido, que pasa del 8 al 10 por 100, y no afecta al tipo superreducido, que queda en el 4 por 100, que es el tipo que saben que es el que está gravando los consumos de alimentación más básicos y, por tanto, no estamos causando un especial perjuicio en el ámbito social.

El aumento va en línea con lo que estábamos anticipando en el Programa de Estabilidad del Reino de España, que presentamos a las autoridades europeas el mes de abril y donde programábamos lo que es la política tributaria que nos está marcando nuestra pertenencia a Europea; esto es, apoyar más la tributación en la imposición indirecta y bajar los gravámenes sobre el empleo, sobre el trabajo. De esta forma, en esta materia la subida del IVA se verá correspondida con la reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social, la contribución que hacemos todos a través de nuestro trabajo a la Seguridad Social, pero que hacen los empleadores por esa contratación –argumento que es fundamental para facilitar la creación de empleo–, de forma que en el año 2013 promoveremos reducción de un punto en las cotizaciones a la Seguridad Social, seguido por otro punto, un punto adicional, en 2014.

Ése es el trayecto, el proyecto y el sentido que tiene la subida del IVA en este momento, en el momento en que la estamos adoptando, en el verano; que, insisto, es una medida que se deriva del cumplimiento de la senda de consolidación fiscal con las recomendaciones que emanan de la Unión Europea; recomendaciones que también se extienden a otro gran elemento dentro del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. No va ahora en el Real Decreto Ley, sino que irá en el Proyecto de Ley, pero quiero también anunciarles en la mañana de hoy que, a partir del 1 de enero de 2013, quedará suprimida la deducción por adquisición de vivienda en España, su deducibilidad en el IRPF, siguiendo esas recomendaciones. También añado que el tipo superreducido que se aplica en este momento, que es el IVA al 4 por 100, para la adquisición de nuevas viviendas tiene fecha de caducidad, como saben, porque esto era para este año, para el año 2012, y, por tanto, a partir del 1 de enero de 2013 también esa venta de viviendas irá a tipo reducido, que en este caso es el tipo incrementado del 10 por 100.

Éstas son las más importantes novedades en materia tributaria. Hay también subida en la tributación del tabaco, como conocen también, y hay cambios en el Impuesto sobre Sociedades, cambios en el régimen de pagos fraccionados, para anticipar el ingreso a la Hacienda Pública por parte de empresas, fundamentalmente de grandes empresas, de nuestro país, que también es positivo que en este momento que contribuyan en este ejercicio 2012 a cumplir con el objetivo que nos están marcando las instituciones europeas, que no está marcando la Comisión Europea.

Las otras medidas, puesto que el contenido ya saben que es muy grande, también son conocidas ya y anunciadas, y se refieren al cambio en la prestación de desempleo, con la reducción prevista y ya anunciada por el presidente del Gobierno: a partir del sexto mes de cobro de esa prestación, reducción del 60 al 50 por 100, y la remisión al Pacto de Toledo, y discusión con las fuerzas políticas, con la formaciones políticas, sobre el sistema de sostenibilidad de las pensiones en España, no ya a corto plazo, sino a medio y largo plazo, dentro de lo que siempre es, y debe ser, la premisa de nuestro Gobierno y de todas las formaciones políticas de nuestro país, que es preservar el Pacto de Toledo.

Creo que éstas son las principales medidas. No sé si me dejo alguna, Vicepresidenta. Creo que no. En todo caso, vamos aclarando, si les parece, a continuación, en las preguntas y respuestas.

Vicepresidenta.- Voy a dar ahora la palabra al ministro de Economía, que pasará a explicar el segundo de los Reales Decretos Leyes acordados en el día de hoy, relativo a las medidas de financiación de las Administraciones Públicas, especialmente para las Comunidades Autónomas, así como una parte importante del Real Decreto Ley anterior, cuales son las medidas de liberalización de horarios comerciales y actividades promocionales.

Sr. De Guindos.- Voy a entrar, en primer lugar, en lo que son las medidas de liberalización de uno de los dos Reales Decretos Leyes que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros, que es el que hace referencia a la estabilidad presupuestaria; y después haré referencia a lo que es el segundo Real Decreto Ley, que es el financiero, que se centra, básicamente, en lo que es la creación de un mecanismo para proporcionar liquidez a las Comunidades Autónomas que, como saben ustedes perfectamente, tienen enormes dificultades de acceso a los mercados en este momento. .

Entrando en el primer Real Decreto Ley, lo que se incluyen, fundamentalmente, son medidas de comercio interior y de fomento a la exportación, que muy sucintamente les paso a resumir.

En lo que son medidas de liberalización comercial, de comercio interior, en primer lugar, se aprueba lo que es la ampliación del horario de apertura comercial en días laborables de 72 horas a 90 horas. Hasta ahora se podía, por parte de las Comunidades Autónomas, restringir el número de horas de apertura semanales en días laborales hasta 72 horas y ahora se limita a 90 horas.

En segundo lugar, se introduce la plena libertad horaria para aquellos pequeños y medianos establecimientos con menos de 300 metros cuadrados de superficie. Esto ya estaba así, pero se autorizaba también a las Comunidades Autónomas a reducirlo hasta 150 metros. Esa autorización ahora desaparece y, por lo tanto, todos los establecimientos comerciales, cualquiera que sea el rótulo comercial bajo el que realizan su actividad, podrán tener libertad absoluta de apertura.

Después se definen los criterios básicos para lo que son las zonas de gran afluencia turística en municipios, que implica también la libertad comercial de los mismos. Se establecen diferentes criterios y se dan una serie de indicaciones desde el punto de vista de lo que son las características de los mismos: que sean más de doscientos mil habitantes, que hayan registrado más de un millón de pernoctaciones o bien hayan recibido cuatrocientos mil turistas procedentes de cruceros en el año 2011, de tal forma que quedarán perfectamente definidos. Esto llevará a que los Ayuntamientos en cuestión determinen cuáles son estas zonas en las cuales existe libertad comercial y, posteriormente, las Comunidades Autónomas los autorizarán.

A su vez, en relación con el número de domingos en los cuales se autoriza la apertura, se pasará hasta dieciséis desde los doce actuales, sin que en ningún caso se puedan rebajar a menos de diez. Actualmente, como saben ustedes, existía la posibilidad de que las Comunidades Autónomas los redujeran a ocho.

Después, se establecen una serie de condiciones desde el punto de vista de lo que son la determinación de las actividades con atractivo comercial en los domingos y festivos.

Por último, y ahí tampoco me voy a extender, se liberaliza absolutamente el período de rebajas. Había una normativa que establecía limitaciones, que, como saben ustedes, era muy difícil posteriormente de implementar, respecto al período de rebajas y actualmente se liberaliza completamente.

A su vez, el Real Decreto Ley también hace referencia a una serie de medidas de fomento de la exportación. En primer lugar, se establece una modificación legislativa para autorizar que el Estado pueda perder la mayoría en CESCE. De esta forma, la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación se podrá, de alguna forma, privatizar, como ocurre con muchas otras agencias de crédito a la exportación europeas. CESCE realiza dos actividades: una actividad que podemos definir que es privada y otra que es pública, por cuenta del Estado, que es la cobertura del riesgo político. Si, efectivamente, se produce esa privatización, entonces el Estado será el responsable del control de lo que se denomina la cuenta del Estado por riesgo político.

También se toman medidas en relación con lo que es el crédito a la exportación. En estos momentos, uno de los problemas fundamentales que está teniendo la exportación española es la falta de financiación como consecuencia de la escasez de financiación disponible en las operaciones de comercio exterior. Está habiendo cuellos de botella importantes y se han tomado una serie de medidas al respecto.

En primer lugar, se crea un nuevo tipo de cédulas, cuyo subyacente serán créditos a la exportación con lo cual, de algún modo, se intenta que en un mercado secundario de cédulas se proporcione liquidez para estas medidas de fomento y de financiación de la exportación.

Por otro lado, se crea una garantía nueva por cuenta del Estado para facilitar lo que es la competencia a la exportación española con la de otros países. Es, en primer lugar, una garantía incondicional, a primera demanda, para el riesgo de crédito, que lo que tiene que hacer es facilitar la disponibilidad de financiación a largo plazo para los exportadores españoles, y que ya están ofreciendo otras agencias de nuestros países competidores.

Por último, se ha suprimido una compañía pública, “Invest in Spain”, que se ha integrado en el ICEX, de modo que el ICEX lo que hace es ampliar su ámbito de actuación, y se elimina, que es uno de los objetos fundamentales de la política de racionalización administrativa del Gobierno, una compañía pública con los ahorros y con la racionalización funcional que esto supone.

El segundo Real Decreto Ley básico que ha aprobado hoy el Gobierno hace referencia a lo que son las medidas de liquidez de las Administraciones Públicas en el ámbito financiero. Aquí el objeto fundamental, la parte básica del mismo, es la creación de un mecanismo para proporcionar financiación a las Comunidades Autónomas.

Son de todos conocidas las dificultades que están sufriendo las Comunidades Autónomas en estos momentos para acceder a los mercados. Ya no es una cuestión simplemente de costes, que son elevadísimos o que han sido elevadísimos, sino incluso de lo que es el acceso a estos mercados, de disponibilidad de financiación.

Por lo tanto, dentro de este principio general que ha planteado el Gobierno de responsabilidad global del conjunto de las cuentas de las Administraciones Públicas, y también, simultáneamente, en ese compromiso, que no puede ser de otra forma, dentro de lo que es la solidaridad dentro del Estado español, lógicamente se va a proporcionar un nuevo sistema que evite estas situaciones de dificultad que, en algún caso, podían llegar a ser límites.

Lo que se va a hacer es la creación de este mecanismo, que va a ser un fondo, un fondo sin personalidad jurídica, que se va a financiar por parte del Tesoro español. Este fondo, a su vez, proporcionará financiación a las Comunidades Autónomas, partiendo del coste de la financiación del Tesoro, más un diferencial, diferencial que será reducido. La gestión de los préstamos va a corresponder al Ministerio de Hacienda y al Instituto de Crédito Oficial.

La adhesión a este mecanismo será voluntaria por parte de las Comunidades Autónomas y su vigencia será indefinida, hasta que persistan las dificultades que comentábamos anteriormente. Sin embargo, como no puede ser de otro modo, la adhesión supondrá condiciones para las Comunidades Autónomas, condiciones en un doble sentido: condiciones fiscales o presupuestarias y condiciones financieras. Las presupuestarias implican la presentación de un plan de ajuste, obligaciones de información puntual e, incluso, la posibilidad, en última instancia, si se incumplen los vencimientos de la deuda, de intervención de la Comunidad Autónoma. Por otro lado, también tendremos condicionalidad financiera para garantizar que lo que es la senda de endeudamiento de las Comunidades Autónomas es sostenible en el tiempo y permite, efectivamente, que sus cuentas públicas no se vean desbordadas como consecuencia de la evolución de los costes financieros.

Los préstamos otorgados por este mecanismo, por este fondo, a las Comunidades Autónomas estarán garantizados por los recursos del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas. Es decir, de esta manera se garantiza que las Comunidades Autónomas reciben la financiación, pero mantienen la responsabilidad, como no puede ser de otra forma, de lo que es la devolución de los mismos, la devolución y la realización de su pago.

Se ha realizado una estimación de cuánto se puede llegar a disponer por parte de las Comunidades Autónomas, en función de sus necesidades de financiación y en función también de su déficit público de aquí a final de año, y el cálculo que han realizado, tanto el Ministerio de Hacienda, como el Ministerio de Economía, es que el máximo es de dieciocho mil millones de euros. Es una cifra máxima, vuelvo a repetir, y dependerá de, lógicamente, al final de cuántas Comunidades Autónomas se adhieran a este nuevo mecanismo; pero la cifra máxima que hemos identificado, que hemos calculado, en función de lo que son los vencimientos que tienen y en función también de su déficit público, porque se trata tanto de renovar los vencimientos que se producen, como las nuevas necesidades derivadas del déficit público, es de dieciocho mil millones de euros.

Estos dieciocho mil millones de euros van a ser proporcionados por el Tesoro y el Tesoro no va a modificar lo que es su calendario de emisiones. Se considera únicamente que parte de la financiación provendrá de un préstamo que va a realizar Loterías del Estado con cargo a lo que son sus ingresos futuros, que va a tener un tamaño de seis mil millones de euros. El resto puede ser financiado por parte del Tesoro español.

Ésos son los rasgos fundamentales del Real Decreto Ley que comentábamos anteriormente.

P.- Tengo preguntas para los tres, una para cado uno.

A la Vicepresidenta. El Presidente y usted misma han pedido un esfuerzo muy grande a los ciudadanos, han presentado medidas muy duras, pero se ha escuchado en muchos sectores que pareciera que los ciudadanos hacen un esfuerzo mayor que el de la Administración, que el adelgazamiento de la Administración no va lo suficientemente rápido, que no se están apretando el cinturón. A mí me gustaría saber si el Gobierno tiene plazos y está actuando en este sentido; si va a haber una reforma total y real de la Administración, porque se piden sacrificios muy fuertes a los ciudadanos. Me gustaría saber si también va a la Administración, al Gobierno, Comunidades y Ayuntamientos… Hemos conocido datos, pero también Comunidades. Quería saber en ese sentido.

Al ministro Montoro me gustaría hacerle una pregunta relativa al IVA en clave política. Usted fue responsable de economía del Partido Popular y durante cuatro años el Partido Popular nos ha explicado por qué la subida del IVA no era buena. Yo quería saber hoy qué ha cambiado y que me haga un argumento de por qué se ha llegado a esta situación.

Por último, al ministro De Guindos, abusando de la generosidad, quería preguntarle sobre el ajuste. La prima de riesgo hoy sigue muy elevada. Entiendo que España ha cumplido con este duro ajuste y yo quería saber si el Gobierno cree que la Unión Europea tiene que utilizar ya esas herramientas para que acabe la crisis de deuda.

Sr. De Guindos.- Es cierto que, efectivamente, la prima de riesgo está en niveles más moderados que lo que estaba hace unos días, pero sigue estando en unos niveles que no son sostenibles a medio y largo plazo. Yo creo que aquí, fundamentalmente, lo que se está poniendo de manifiesto es que siguen existiendo, de algún modo, dudas sobre lo que es el futuro del entramado institucional del euro y hasta que no se tomen medidas decisivas, como las que se pusieron de manifiesto en el último Consejo Europeo, de avanzar en la unión bancaria, de avanzar en la unión fiscal y de avanzar en la unión política, yo creo que esas tensiones van a continuar ahí.

De cualquier forma, yo creo que el Gobierno español está haciendo lo que tiene que hacer; es decir, es imprescindible, es ineludible, reducir el déficit público, tomar medidas para fomentar lo que es el crecimiento económico a medio plazo y elevar nuestro potencial de crecimiento. Y eso se tiene que hacer más allá de lo que se la situación de la prima de riesgo, pero teniendo en consideración que la reducción de esta prima de riesgo, que es, en última instancia, el reflejo de las dificultades de financiación que se está teniendo en una serie de economías de la zona euro, de algún modo está dificultando lo que son la potencialidad de crecimiento y las posibilidades de crecimiento a futuro de la zona euro.

Nosotros estamos haciendo nuestra parte. Ha habido una recomendación a España de una nueva senda de déficit fiscal, como contaban anteriormente la vicepresidenta y el ministro de Hacienda. España lo va a cumplir, España está absolutamente comprometida, no solamente porque formamos parte de la Unión, sino porque también consideramos que es bueno para España; pero, evidentemente, en estos momentos, en el entramado institucional de la zona euro existen elementos que se tienen que modificar para evitar que se esté produciendo esta fragmentación creciente de los mercados de capitales en Europa.

Sr. Montoro.- Voy a tratar de hacer fácil la respuesta a esta cuestión que plantea. Ahora decidimos subir el IVA, es obligado hacerlo –si quiere, me puedo extender–: obligado por las circunstancias, obligado por las recomendaciones y obligado por la situación de prioridad absoluta de reducción del déficit público en un momento como el que estamos atravesando.

Esta recesión es grave, es sucesiva, la segunda consecutiva más grave de la historia de España, y, en ese marco al que se refería el ministro de Economía, en esa lealtad al cumplimiento de nuestras obligaciones, no hay más remedio. Lo dijo muy bien el presidente del Gobierno: nuestro proyecto político era bajar impuestos y los estamos subiendo obligados por las circunstancias y por la excepcionalidad del momento.

Ahora añado: cuando podamos, lo vamos a compensar. Además, lo empezaremos a hacer el año próximo con cotizaciones sociales, precisamente para favorecer esa creación de empleo y compensar los efectos negativos que se deriven de la subida de impuestos indirectos.

Vicepresidenta.- Uno de los ejes básicos sobre los que el presidente del Gobierno estructuró, no sólo su discurso del pasado miércoles, sino muy especialmente su política, es la necesidad de que todas las Administraciones Públicas lleven a cabo una racionalización absoluta para la reducción de costes, especialmente de costes de funcionamiento.

En el ámbito de la Administración del Estado, el Gobierno puede hacerlo directamente, con sus propios medios, porque son sus propias competencias. En ese ámbito hemos tomado una serie de decisiones importantes: reducción de Ministerios, reducción de altos cargos, reducción del número de asesores y reducción y racionalización del sector público empresarial: de las 290 compañías o empresas públicas que tiene el Estado, se ha incidido un procedimiento de supresión, fusión o privatización de algunas. Sin ir más lejos, hoy el ministro ha hablado de dos ejemplos claros: la sociedad ICEX y la sociedad “Invest in Spain”, que llevan a cabo actividades similares, duplicadas, con doble de todo, se van a fusionar en una sola; o CESCE, que se va a abrir al capital privado para poder hacer acopio de una mayor participación de todos para gestionar mejor su trabajo. Y lo estamos haciendo también en materia de alquileres.

En el ámbito también de la Administración del Estado, hemos pedido a los funcionarios públicos un esfuerzo adicional. Los tres ministros que estamos aquí sentados somos funcionarios públicos y sabemos cómo se trabaja en la función pública y los esfuerzos, además, que se hacen. Ese esfuerzo creo que tiene que ser reconocido y, además, tiene que ser solidario.

Como decía el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, este año los funcionarios no cobrarán su paga extra, pero se les ingresará en 2015. Será de una sola vez y sin que eso merme las cuantías para el año siguiente. Tratándose de ministros y resto de altos cargos, así como diputados y senadores, y yo quiero ahí poner el acento en lo que han hecho las Cámaras, no se cobrará ni se reintegrará en el futuro la paga extraordinaria del mes de diciembre.

Por otro lado, desaparecen desde ahora y para siempre las cesantías. Es decir, ex ministros y ex secretarios de Estado, que cobraban durante dos años un sueldo público, dejarán de cobrarlo si tienen cualquier otro tipo de retribución pública o privada.

Pero hay que hacer esfuerzos en todas las Administraciones. En la Administración Local el Estado tiene una competencia, que es aprobar una legislación básica, y hoy se ha aprobado una legislación básica que puede suponer, según los estudios de expertos que han trabajado con el Ministerio, un ahorro de 3.500 millones de euros.

¿Qué se trata de hacer? En primer lugar, que en los municipios más pequeños se den servicios públicos que sean mejores y que, además, como muchos se prestan a varios municipios, se presten a mejor coste. ¿Quién lo hará? Las Diputaciones. Se trata de que sean las Diputaciones y no la pluralidad de mancomunidades y otros entes, que los hay por doquier, quienes asuman esa gestión de servicios para que se hagan a buen coste y mejor calidad. La eliminación de mancomunidades, por ejemplo, puede suponer un ahorro de setecientos millones de euros; así como la privación de personalidad jurídica a entidades locales menores.

Se va a reducir el número de concejales. Algunos preguntan: ¿y por qué no ahora? Porque han sido elegidos por los ciudadanos y no podemos cambiar el funcionamiento democrático en este momento; pero en las próximas elecciones se reducirá un 30 por 100 el número de concejales. Para alcaldes y concejales su sueldo será homogéneo, en parámetros similares, a los de la Administración del Estado.

En el ámbito de las Comunidades Autónomas, aquí hay que combinar autogobierno y responsabilidad, y yo llamo a todas ellas a un ejercicio de responsabilidad y también de asunción de responsabilidades políticas. Estamos pidiendo a los ciudadanos un gran esfuerzo y todas las Administraciones tenemos que hacer el que corresponde a nuestra parte, y cumplir los objetivos de déficit.

Algunas Comunidades Autónomas no pueden hacer frente a sus vencimientos. Acabamos de aprobar un Real Decreto Ley para ayudar a esa financiación, pero hay una cosa bien clara: tienen un déficit que no pueden financiar y algunas tendrán que ir a ese mecanismo extraordinario. Pues bien, las condiciones también serán extraordinarias porque, si todos hacemos un esfuerzo, tendrán que redimensionarse todas las Administraciones.

Cada una tendrá que decidir cómo lo hace y asumir el coste político de explicar a los ciudadanos por qué eligen una u otra vía; pero no hay otro remedio y, además, le doy la razón: podemos pedir a los ciudadanos esfuerzos si todas las Administraciones y todos los cargos los hacemos. En la parte que corresponde a la Administración del Estado y que tenemos competencia directa, haremos éstos y, probablemente, otros muchos más: opciones de compra, mejor gestión de los alquileres… Tendremos que ahorrar al céntimo de euro. En las Administraciones que tienen autogobierno yo les pido que se den cuenta de que el autogobierno tiene otra cara de la moneda que es la responsabilidad y, sobre todo, la responsabilidad con los ciudadanos.

P.- Yo quería preguntarle a la Vicepresidenta. ¿Estos ajustes van a ser suficientes para que España salga adelante o es posible que en poco tiempo, el año que viene, los españoles tengan que sufrir más ajustes?

Al señor ministro de Hacienda, ¿por qué la fecha de la entrada en vigor de la subida del IVA es el 1 de septiembre?

Sr. Montoro.- La fecha es la que es técnicamente más operativa. No debemos aplazar más, tomada la decisión, y dejar un margen de unas semanas para que pueda ser operativa esa subida y no haya ningún problema, ninguna distorsión, en ningún tipo de actividad económica.

Vicepresidenta.- Este programa que presentamos es un programa que tiene un objetivo temporal, que son los años 2012, 2013 y 2014. En este tiempo, no sólo se han establecido en estos Reales Decretos Leyes medidas de ajuste, sino que vamos a hacer, a lo largo de estos años, y muy especialmente en este segundo semestre, reformas estructurales para crecer y crear empleo porque, indudablemente, para crear empleo tenemos que recuperar la economía, animar la recaudación, algo que deriva directa e inmediatamente de la generación de una mayor actividad económica, y cambiar todo lo que sea necesario desde el punto de vista estructural para volver a crecer y crear empleo.

Hoy presentamos un plan importante, pero que no se agota en este momento, sino que está previsto, en su conjunto, para los tres años, 2012, 2013 y 2014, como explicó el presidente del Gobierno.

P.- Una pregunta para los dos ministros económicos y, luego, otra para la Vicepresidenta.

Sobre economía, apelan a que va a haber una proporción de esfuerzo público y privado; pero eso se puede concretar cuantificando, de los 65.000 millones, qué parten corresponden a ahorro del Estado y a ajustes del propio Estado, y qué parte corresponden a ingresos vía recaudación a través del bolsillo de los ciudadanos.

Por otra parte, quería preguntarle a la Vicepresidenta si teme que se recrudezcan las movilizaciones en las calles. Estamos viendo como, más o menos espontáneamente, los funcionarios están saliendo. ¿Creen que esto puede o está ya siendo utilizado y puede recrudecerse?

Por último, respecto al fallo contra la “doctrina Parot”, en uno de sus casos, que está llenando de orgullo a ETA y su entorno, y anuncian nuevos recursos contra esta doctrina, ¿cree que está en peligro ese recurso del Gobierno? ¿Cree que va a prosperar o cuál es la situación?

Sr. Montoro.- La estimación de 65.000 millones de euros se corresponde al conjunto de ahorro que es en el que están participando todas las Administraciones Públicas de nuestro país, porque la subida del IVA, para entendernos, se filtra en la financiación autonómica e, incluso, en la financiación Local. A partir de ello, todas las medidas, prácticamente, en un Estado de las Autonomías como el nuestro… Por supuesto, el asunto de la paga de diciembre y todo ese tipo, como ven, está articulado. No se centra en una sola Administración pública.

Es evidente que en materia de ingresos estamos hablando siempre de estimaciones, igual que hacemos en términos presupuestarios. La certeza está en el escenario económico sobre el que nos estamos moviendo. Ésa es la razón por la que hemos llegado a un cálculo que hemos presentado globalmente, ese cálculo está ahí y ése es el cálculo nuestro, al que llegamos a través de todas las estimaciones, también participando con las estimaciones de otras Administraciones Pública. A partir de ello, el desglose es tan articulado y está tan vertebrado que realmente no quiero ir más allá, porque lo que estamos haciendo, como ven, como Gobierno, no es basarnos en macrocifras; es tomar decisiones.

En el Consejo de Ministros hoy hay decisiones y decisiones difíciles, duras, respecto de ingresos y de gastos públicos. Nosotros, por tanto, no nos apoyamos en la cifra, sino que estamos tomando esa decisión teniendo confianza en que las cifras, efectivamente, se adecuen a esa senda de sostenibilidad presupuestaria, a esos escenarios de corrección del déficit público, que son los que el ministro De Guindos trajo en el último ECOFIN.

Vicepresidenta.- Sobre las movilizaciones quiero decirle varias cosas. En primer lugar, el Gobierno respeta el derecho a la manifestación de cualquier ciudadano respecto a las propuestas del Gobierno o respecto a cualquier otra cuestión. Eso en primer lugar, que quede claro: como Gobierno respetamos y podemos comprender y entender perfectamente que son medidas difíciles y que hay ciudadanos a los que les cuesta poder asumir o poder afrontar. Indudablemente, respetamos esas protestas y esas manifestaciones.

En segundo lugar, y como me pregunta exactamente por los funcionarios, yo quiero reconocerles los esfuerzo que han hecho, no ahora, sino desde hace un tiempo. En el año 2010 se redujo el sueldo de los funcionarios públicos en unos porcentajes entre un 3 y un 10 por 100, que daba una media de recorte del sueldo de los funcionarios de un 5,7 por 100. Eso fue en el mes de mayo de 2010, se les aplicó desde el mes de junio y ese recorte, además, quedó congelado en los meses siguientes. Es decir, se les rebajaron las nóminas y durante los años siguientes quedó congelada esa rebaja.

Ahora se pide un esfuerzo más, que es un esfuerzo, no obstante, en diferente mecánica. No hay recorte de los meses de sueldo, sino que la paga de este mes de diciembre, puntualmente, un solo año y este mes de diciembre, no se les va a pagar en el mes de diciembre, no la van a cobrar en el mes de diciembre, y a partir de 2015 se ingresará en los planes de pensiones.

Yo entiendo que es una medida difícil y que se exige un sacrificio; que, además, se añade a otros que se les había pedido en el año 2010, y entiendo su posición. Sobre todo, lo que quiero hacer es un reconocimiento a los empleados públicos de este país que trabajan, trabajan bien, que ahora tendrán que trabajar algún día más y a los que se les pide ese esfuerzo adicional a lo que ya llevan vivido desde el año 2010.

Sobre la “doctrina Parot”, el Gobierno, desde luego, no comparte la doctrina del Tribunal de Estrasburgo. No estamos de acuerdo con la misma. No es una sentencia firme y, por tanto, hemos dado, como Gobierno, instrucciones a la Abogacía del Estado para que la recurra ante la Gran Sala. Y la Abogacía del Estado está ya formalizando el recurso que, como saben, debe interponerse en el plazo de tres meses.

P.- Tenía preguntas para los tres. Para el ministro de Economía. Todos los expertos prácticamente coinciden en que estos recortes, que son los mayores de la democracia, van a profundizar la recesión. ¿Podría decirnos más o menos, un cálculo de en cuanto profundizaría, qué puntos?

Al ministro de Hacienda. Se hablado aquí de equidad y le quería plantear si en el debate sobre estas reformas, subidas de impuestos y demás se ha planteado en algún momento, como pidieron ayer varios grupos o como en otros países, algún impuesto para las grandes fortunas o algo que afecte directamente a los más ricos.

Y a la Vicepresidenta. ¿Usted entiende que muchos ciudadanos, sobre todo votantes suyos, se puedan sentir traicionados, dado que ustedes están haciendo exactamente aquello que prometieron que nunca harían?

Por último, sabe usted que hay mucha polémica por los aplausos del PP al anunciarse los recortes e, incluso, los socialistas han pedido la dimisión de Andrea Fabra. Yo le quería preguntar: si las medidas eran tan duras y ustedes mismos dicen que no les gustan, ¿por qué se aplaudieron tanto?

Sr. De Guindos.- La reducción del déficit público puede producir a corto plazo efectos contractivos sobre la actividad, pero hay que tener en cuenta que a medio plazo genera confianza. Es decir, lo peor que le puede pasar a la economía española es que se vea que sus finanzas públicas son insostenibles. Si las finanzas públicas españolas se perciben como insostenibles, entonces la recesión sería muchísimo más profunda que la que tenemos actualmente. Iríamos a otro tipo de escenario completamente distinto.

Por lo tanto, lo que están haciendo las medidas que hoy aprueba el Gobierno es garantizar a medio plazo la sostenibilidad de las finanzas públicas españolas y, a través de la vía de generación de confianza, permitir que la economía española se financie mejor. Por lo tanto, lo que supone, más allá de lo que es el efecto, que puede ser más o menos contractivo en el corto plazo, es favorecer la generación de confianza a medio plazo y que la economía española vuelva a tener una situación de financiación adecuada,. Desde ese punto de vista, es ineludible y es inaplazable.

Yo creo que se nos ha dado y hemos acordado una senda de reducción del déficit público que es ambiciosa, que es muy ambiciosa, porque partíamos de una situación de déficit público próximo al 9 por 100 el año pasado; pero que, efectivamente, creemos que es compatible con lo que es garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas españolas. De ahí, en un entorno de estabilidad del euro, debe permitir que la economía española se vuelva a financiar. Si eso, esa percepción de sostenibilidad de las finanzas públicas, se compatibiliza con el saneamiento del sistema financiero español –y ahí también se ha puesto una serie de elementos importantes con el acuerdo del memorándum de financiación que el otro día se acordó en el Eurogrupo y que se firmará el próximo día 20–, estaremos poniendo las bases de la recuperación de la economía española.

Sr. Montoro.- En lo que se refiere a equidad, es evidente que, cuando haces descansar en una medida concreta como es el IVA, desequilibras el sistema tributario hacia una imposición que es más ciega en términos de equidad. Pero también le añado que hemos tomado, como Gobierno, la aplicación de un gravamen complementario del Impuesto sobre la Renta, que es fuertemente progresivo, que está vigente en este año y en 2013; que estamos tomando medidas, actuaciones, en el Impuesto sobre Sociedades, cuya bajada en términos de recaudación es un drama nacional lo que nos está ocurriendo, y estamos tomando posiciones, medidas, y ya lo hicimos en el Real Decreto Ley relativo a medidas tributarias en el mes de abril, que parece que no se han puesto en valor. Por eso, insisto, vamos tan rápidos que nosotros mismos tenemos que insistir en explicar lo que estamos haciendo. Pero ya está en vigor.

O sea, cambios, cambios en la tributación de empresas y cambios en los grandes grupos de empresas. Y otra vez volvemos a introducir también modificaciones en términos de anticipos en el pago sobre Sociedades.

En lo que se refiere al impuesto sobre las grandes fortunas y el debate político sobre ese impuesto, se llama impuesto sobre las grandes fortunas porque suena así… Pero es algo mucho más normal, para entendernos, llamarlo de los grandes títulos. Además, lo oigo proponer por personas que han formado parte del Gobierno que eliminó el Impuesto sobre el Patrimonio en España, lo cual no deja de ser una cuestión bastante chocante. El Impuesto sobre el Patrimonio no lo eliminó el Gobierno del Partido Popular en sus ocho años anteriores de gobierno; no lo eliminó el ministro de Hacienda anterior, en la segunda parte, a la sazón yo mismo, y sí lo eliminó un Gobierno socialista posteriormente, el mismo que ahora reclama que se haga un impuesto sobre las grandes fortunas, que ya de cierta manera existe en España, porque tenemos un gravamen en el Impuesto sobre el Patrimonio con mínimo exento bastante elevado. Ése está aplicado en términos autonómicos, en claves autonómicas, y, por tanto, eso ya está ahí.

No sé a qué le llaman grandes fortunas en ese sentido, aunque suena políticamente, ¿verdad?, estupendo. Le aseguro que, como ministro de Hacienda, si puedo identificar una base imponible de esa naturaleza y de esa categoría, la gravaría, pero sin pestañear. Por tanto, estamos hablando de ello, pero ya existe en España un Impuesto sobre el Patrimonio con un mínimo exento bastante elevado.

Vicepresidenta.- Sobre su primera pregunta, me pregunta usted en nombre de los votantes del Partido Popular que hayan podido sentirse defraudados. Yo creo que hay un elemento importante en la intervención del Presidente del Gobierno en el pasado día, que es de todos conocido y que se entiende perfectamente. Indudablemente, hemos tomado decisiones que no iban en nuestro programa electoral, en el del Partido Popular, que sustenta este Gobierno, y se ha hecho sencillamente porque no había otra posibilidad de sacar adelante un país que, lejos de tener un 6 por 100 de déficit como se aseguraba por el Gobierno anterior, se encontró con tres puntos más de déficit.

Con un 9 por 100 de déficit y un ajuste fiscal que hacer, porque es necesario para poder crecer dentro y ganar la confianza fuera, se tienen que tomar determinadas decisiones que ya le digo desde aquí que, si el déficit hubiera sido del 6 o del 6,5 por 100, no se hubieran adoptado de ninguna de las maneras, porque tres puntos de déficit es muchísimo dinero que hay que ajustar de acuerdo con las exigencias europeas.

El presidente del Gobierno afrontó en ese debate lo que tiene que hacer un presidente del Gobierno, que es, a veces, tener que abdicar de determinadas cuestiones porque, si se trata de salvar al país y salvar su economía, a veces hay que hacer cosas que son dolorosas, pero necesarias. No las disfrazó, ni las disimuló; planteó a los españoles la dificultad del momento, la dificultad de él mismo a tener que adoptar esa serie de medidas, pero la decisión firme e irrevocable de hacerlas, cumpliendo con su obligación de presidir un país en unos momentos más difíciles.

Y no por las medidas que él mismo, y los que estamos aquí sentados, decimos que algunas ojala no hubiéramos tenido que adoptar, sino por esa decisión valiente de asumir las dificultades de pedir a los ciudadanos un esfuerzo sin disimulos y sin demagogia, fue arropado por su partido, porque es difícil encontrarte un país en una situación peor que la que esperas –y mire que esperábamos que la situación iba a ser difícil–; tener muchas dificultades dentro y fuera; saber que tu obligación es hacer lo que tienes que hacer, aunque no te guste y aunque sepas que a muchos ciudadanos les están pidiendo un gran esfuerzo, y hacerlo dando la cara, sin disimular y sin disfrazar ninguna de las medidas. Por eso fue apoyado.

P.- Yo quería hacerles una pregunta a cada uno. Empezando por el ministro de Economía, este importante paquete de medidas de ajuste parece que no tiene repercusión en los denominados mercados y en la Bolsa. Me gustaría saber si es pronto para medirlo o hay que adoptar otras nuevas medidas para que, de alguna manera, se baje esa presión sobre la deuda española, vía Banco Central Europeo, por ejemplo.

Del ministro de Hacienda quería una precisión. El hecho de que entre en vigor el 1 de septiembre la subida del IVA ya nos ha dicho usted que era por ese período técnico de que se adapten; pero también quería saber si se ha tenido en cuenta o es un guiño hacia el sector turístico en este mes de agosto, que parece que es, digamos, el único sector que va bien o que tira de momento.

A la Vicepresidenta, una cuestión más política. El presidente del Gobierno dijo el miércoles, en ese importante debate, que el Gobierno sólo no puede sacar adelante esta situación tan difícil e hizo un llamamiento al consenso de todos, no sólo de los grupos políticos, sino también de los sindicatos, de los empresarios… Me gustaría saber si el presidente del Gobierno tiene intención, o el Gobierno, de tomar alguna iniciativa, llamar a los Grupos y a los agentes sociales para explicarles realmente –supongo que saben también la dificultad– detalles de las medidas.

Sr. De Guindos.- Sobre la prima de riesgo he tenido una pregunta muy parecida en el primer turno de preguntas. Simplemente, quiero decirles que el Gobierno toma medidas no en función de lo que es la situación de los mercados, que a veces en el corto plazo son situaciones extremadamente volátiles.

En segundo lugar, lo que es la prima de riesgo de la deuda española, igual que lo que son otros indicadores respecto a la situación de riesgo de algunos activos españoles, no se determina únicamente por las actuaciones que existen en estos momentos por parte del Gobierno español, sino que hay otros elementos adicionales como puede ser todo lo que son las decisiones que toman las instituciones comunitarias, no solamente el Banco Central Europeo, sino lo que es el futuro de la unión bancaria, la unión fiscal y, sobre todo, la percepción de que se avanza en todo el proceso de integración.

Simplemente, quiero volver a reiterarles que el Gobierno español está tomando estas medidas, básicamente, porque son imprescindibles para nosotros y, después, porque, lógicamente, la política económica española es muy importante, no solamente para nosotros, sino también para el conjunto de la Unión. Por lo tanto, ahí tenemos un compromiso y una comunión de intereses desde el punto de vista de lo que es la implementación de las mismas.

También hay otra parte que se deriva, como comentaba anteriormente, por percepciones, impresiones o consideraciones que hacen los mercados de capitales sobre lo que debería ser el funcionamiento del entramado institucional del euro a futuro.

Sr. .Montoro.- La decisión del 1 de septiembre, como decía antes, obedece a un ámbito, digamos, más de carácter técnico. Tengan en cuenta que todas las subidas que ha habido en España desde la implantación del IVA, excepto, creo recordar, la del 1992; todas han sido anunciadas para ser producidas materialmente con meses o con seis meses, incluso. En este caso son seis semanas.

En ese terreno no cabe duda de que agosto es un mes muy importante para la actividad turística y comercial; pero es que en este caso estamos tomándola a mediados de julio. No obedece a que realmente haya sólo un sector económico en España, que es importante. Esa actividad turística y comercial en un país como el nuestro se desarrollará en septiembre, estamos convencidos, y lo que hace falta es que se vaya yendo a más y nunca a menos a partir de la finalización del verano.

Vicepresidenta.- Efectivamente, ésta es una tarea colectiva, una tarea de todos, y, junto al esfuerzo, la responsabilidad y la serenidad que están demostrando los españoles, indudablemente es una tarea en la que no sólo los Grupos Parlamentarios, sino todos los agentes económicos y sociales, tenemos que trabajar conjuntamente.

En primer lugar, yo quiero agradecer a todos, pero en particular a aquellos Grupos Parlamentarios que mostraron su comprensión y su apoyo a estas medidas, que se explicarán, además, en comparecencias que los principales ministros afectados llevarán a cabo en el Congreso de los Diputados, además de por el debate y convalidación de estos Reales Decretos Leyes. De algunas de ellas, de la inmensa mayoría de ellas, ya se ha tenido la oportunidad por los distintos Ministerios de hablar con los principales afectados, también con los agentes sindicales.

También quiero comunicarles que, desde luego, haremos el mayor esfuerzo posible por preservar esos consensos. El ejemplo más claro son aquellos aspectos que afectan al sistema de pensiones en el que, lejos de adoptar medidas con carácter unilateral y decisiones unilaterales, hemos querido respetar el Pacto de Toledo, respetar sus procedimientos e, inmediatamente, la propuesta para implementar el factor de sostenibilidad en el ámbito de las pensiones, la relativa a las jubilaciones anticipadas, será remitida por el Ministerio de Empleo a la Comisión del Pacto para llegar allí a un acuerdo en cumplimiento, en buena parte de estas medidas, de lo que fue la anterior reforma del sistema de pensiones.

P.- Al señor Montoso. Ayer expresó el temor de que ocho Comunidades Autónomas no cumplan con el objetivo de reducción del déficit. Me gustaría saber si todas están en ese mismo grado, si son grados diferentes y si alguna debe temer por la intervención por parte del Gobierno central. Y en honor a la trasparencia, sobre todo de cara a los ciudadanos, no entiendo por qué el Gobierno no hace público el nombre de esas ocho Comunidades para que sepan los ciudadanos si su Comunidad o no está cumpliendo con el déficit.

A la Vicepresidenta. El Presidente comparó el miércoles la pérdida de puestos de trabajo que se habían perdido en el sector privado y lo que habían crecido en el sector público desde que comenzó la crisis. Me gustaría saber si el Gobierno tiene un cálculo de si se va a reducir en eventuales, interinos o personal laboral con las medidas que va a poner en práctica el Gobierno, sobre todo, la supresión o eliminación de empresas públicas. ¿Hay un cálculo de cuanto se puede adelgazar la plantilla?

Y, si me lo permite, si las medidas anunciadas por el Gobierno no surten el efecto deseado, ¿existe un plan B o ya España no se puede permitir un plan B?.

Sr. Montoro.- En primer lugar, aprovecho, digamos, el contexto de su cuestión para insistir en que el Gobierno de España trata con el mayor respeto a todas las Comunidades Autónomas de España. Lo que estamos haciendo, en términos de corporación local, es equilibrar el Estado de las Autonomías, que es de lo que hemos hablado. Por tanto, una cosa es exigirnos a todos, a nosotros los primeros, como haremos en un plan económico-financiero que nos vamos a aplicar a la Administración General del Estado, que encuadra el presupuesto de 2013 y 2014, y otra cosa es insistir en el planteamiento del máximo respeto a todas esas Comunidades Autónomas.

Como ha dicho ya el ministro de Economía, y es que estamos todos en lo mismo, ése es el concepto del Estado de las Autonomías que tenemos que tener a efectos de facilitar esa liquidez. Y, como ha dicho también la Vicepresidenta, es que todos estamos en lo mismo y todos vamos a cumplir. Yo he visto algún debate político esta mañana; pero es que ésa es la Ley, es que ésa es la Constitución de España, es la reforma constitucional, el artículo 135, que incorporamos el año pasado y la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Por tanto, vamos a cumplir la Ley y lo que hicimos en el Consejo de Política Fiscal en el día de ayer fue activar la Ley. Y esa Ley contempla un ámbito preventivo, que es abordar en una relación bilateral con las Comunidades Autónomas que estén en mayor riesgo de no llegar al objetivo de déficit público. Eso es lo que hicimos. No es el momento de señalar a nadie, es el momento de trabajar con ellas, de trabajar con las que están hoy, según nuestros datos y escenarios, más lejos del 1,5 por 100 marcado por nuestra Ley, que además nuestro compromiso europeo es doblemente exigente.

Por tanto, no se corresponde otra cosa u otro planteamiento. Impide la Ley señalar a ninguna Comunidad Autónoma, pero sí en esta semana próxima tendremos que realizar ese trabajo bilateral para garantizar que la Comunidad Autónoma respectiva está aplicando todas las medidas comprometidas en su plan económico-financiero y está llevando adelante la supresión de aquellos entes públicos que comprometió en un programa, no ya ahora, que nace del año 2010. En eso es en lo que vamos a trabajar ahora y permítanme que le añada que estoy seguro de que vamos a trabajar juntos, con lealtad y con colaboración, porque esas Comunidades Autónomas son las primeras interesadas en cumplir.

Vicepresidenta.- Además de lo que ha señalado el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, como bien conocen, a principios de este año lo que se aprobó fue una tasa de reposición cero, salvo en determinados ámbitos que afectan a la Educación, a la Sanidad y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, además de la lucha contra el fraude. ¿Qué se pretende con eso? Delimitar muy bien las plantillas y en algunos ámbitos, no en el caso de la Administración del Estado, en la que –el Ministro conoce mejor que yo las cifras– no se ha producido un incremento de la misma, sino en el ámbito más autonómico y local ceñir lo que deben ser esas estructuras a una adecuada dimensión del sector público.

Aquí hay que diferenciar varios conceptos. Los funcionarios públicos en este país tienen su plaza y sobre lo que tenemos que trabajar es sobre cómo organizamos bien las relaciones de puestos de trabajo, las vacantes, la gestión de ello, para llevar a cabo un trabajo mejor con menos, porque no se van ampliar las tasas de reposición, y llevar a cabo esa reordenación de las tareas.

Por su parte, el Estado está llevando a cabo un proceso de reestructuración del sector público empresaria y son las Comunidades Autónomas, como decía el Ministro, y enlazo con el final de su respuesta, las que tienen que hacer un esfuerzo importante, que les corresponde a ellas, en este ejercicio de determinar cómo van a llevar a cabo esa reordenación de su sector público empresarial y las medidas.

Indudablemente, algunas de las medidas adoptadas inciden en la no contratación de interinos e, indudablemente, la ampliación de los números de días de trabajo, como consecuencia de la reducción de los días libres, se llevará a cabo para que no haya esas contrataciones puntuales y diarias.

Se trata, pues, de con una administración pública, que en el caso, ya digo, de la Administración del Estado ha crecido poco, llegar a todas las tareas y dimensionarla adecuadamente.

P.- Yo quería algunos detalles, la letra pequeña, de algunas cosas que ustedes han aprobado hoy. Por ejemplo, en el tema del IVA usted hablaba de la clasificación de productos, productos que podrían pasar de un tipo de IVA a otro. ¿Nos podría decir quizás los casos más llamativos, los que debamos saber las personas que vamos a la compra todos los días, por ejemplo?

Luego, respecto a los días de libre disposición de los funcionarios, finalmente ¿cuántos no van a tener?

Sr. Montoro.- En lo que se refiere a reclasificación dentro de los tipos del IVA, de tipo superreducido a tipo reducido no hay ninguna reclasificación, no hay ningún cambio. Son los productos básicos, como decía, de alimentación; son también los productos relacionados con el ámbito cultural, como libros y periódicos, y es el IVA para la vivienda que, como saben, y ya he insistido en ello, tiene fecha de caducidad el 4 por 100. A partir del 1 de enero del año que viene finaliza ese 4 por 100 y las ventas de viviendas pasan a ser gravadas al 10 por 100; pero no por la reclasificación, sino porque realmente es el plazo –esto es un plazo excepcional– de que esa venta de vivienda esté siendo tratada a tipo superreducido.

En el siguiente tipo, de reducido a tipo general, ahí hay cambios de bienes y servicios de tipo reducido. Sería más sencillo decirlo de la otra manera: ¿qué queda en el tipo reducido? Queda transporte, queda hostelería, el turismo por tanto, y la cesta de la compra, entendiendo cesta de la compra también todas las bebidas refrescantes. A partir de ahí, habrá traslación de lo que es el resto de actividades hoy sujetas a reducido, pero entendiendo que el resto de actividades de productos y servicios que se desplazan tienen también… No es que sea una salvedad, es que para los que estén ejerciéndose en el ámbito de los módulos –hay cambios en el módulo, por supuesto; el módulo se incrementa– no pasan directamente de tipo reducido a tipo general.

Esto lo digo porque, si no, los títulos que pasan pueden producir la sensación equívoca de que un pequeño establecimiento, por ejemplo, una peluquería, que la mayoría están ejercidos en el ámbito de los módulos… El módulo será revisado al alza como consecuencia, pero no pasa de tipo reducido a tipo general. Sin embargo, las cadenas de peluquerías pasan. Establecimientos de estética, discotecas, teatros, circos, servicios funerarios, otros espectáculos…, todo esto pasa al siguiente rango.

Efectivamente, los libros y periódicos quedan en el tipo que se está aplicando actualmente. No hay cambio ninguno.

Desaparecen los días llamados “canosos” que son adicionales, aunque son más conocidos los “moscosos”, que son conocidos así; pero, en definitiva, son de libre disposición. Son seis, como conocen, y quedan reducidos a tres, y, además, hay otros… El sistema de libre disposición en la Función Pública tiene una ampliación, que son los conocidos también como días “canosos”, porque son adicionales a los anteriores en función del grado de antigüedad. Ésos desaparecen por completo, de manera que queda reducida la libre disposición a tres días, que es un baremo muy parecido al que se aplica también en el ámbito de los convenios laborales privados, en los que es más o menos el número de días de esa libre disposición.

Vicepresidenta.- Muchas gracias.

Fuente: El Blog de Tabuyo del Monte)

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