Los servicios en los municipios pequeños cuestan el triple que en los grandes

20 may 2013 0 comentarios

ABC, 20/5/2013.- El coste de los servicios obligatorios municipales en las localidades de menos de 5.000 habitantes cuesta el triple que en las de más de 100.000 ciudadanos: 1.219,98 euros frente a 445,44, según fuentes del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
En un encuentro informativo para explicar el coste estándar de los servicios que prestan las entidades locales, las mismas fuentes han destacado que la puesta en práctica de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y el anuncio de reforma local han supuesto “importantes avances en la consolidación fiscal”.
Así, 4.623 municipios cerraron con superávit el ejercicio de 2012 frente a los 4.018 de 2009.
El personal al servicio de las entidades locales ha disminuido en un 12,27 por ciento entre julio de 2011 y julio de 2012 y se han reducido las entidades públicas locales, principalmente empresas públicas y organismos autónomos, de las 3.656 de 2009 a 3.294 en 2013.
Asimismo, en mayo de 2013 ya habían liquidado sus presupuestos 6.033 entes locales frente a los 3.920 de mayo de 2012.
Según Hacienda, la previsión de impacto económico de la reforma local para 2013-2015 será de 7.129 millones, de los que 2.232 obedecen a la clarificación de competencias; 3.282 a la eliminación de duplicidades; 73 a ahorros en mancomunidades y entidades locales menores; 145 a supresión de eventuales y cargos electos y 1.397 a diferentes modificaciones del sector público local.
Cuando fue presentada la ley, el Gobierno señaló que su puesta en marcha supondría un ahorro de 8.000 millones.
El descenso se justifica ahora por el “impacto en los salarios públicos”, aunque han descartado que vaya a haber más de 800 millones de recorte para los empleados públicos.
Sí han reconocido que habrá “rangos salariales” y “retribuciones por grupos” para evitar la actual “dispersión de los sueldos”, principalmente en los complementos específicos existentes.
En cuanto al coste estándar, han explicado que se trata de un valor de referencia que sirve para comparar los gastos en los que incurren los municipios en la prestación de los servicios y determinar cuánto se ahorraría si esa prestación es más cara que el valor de referencia.
Este valor se debe escoger de manera que implique “eficiencia en la prestación de los servicios”, que se ha establecido a partir de los valores medios de los municipios más grandes, ponderado por la densidad del municipio.
Para el Ministerio, el coste per cápita de prestación es mayor en los municipios más pequeños y observan “una amplia ineficacia” en el 92,11 % de los municipios de menos de 5.000 habitantes (5.586).
Esa ineficacia supondrá que, si no mejoran la gestión de sus servicios antes de la puesta en marcha de la ley, el próximo 1 de enero, ésta será asumida por las diputaciones.
Además, estos órganos provinciales también asumirán la prestación de servicios obligatorios en los ayuntamientos de hasta 20.000 habitantes si es ineficaz.
Cuando sean de más habitantes, sólo será posible la absorción si la corporación la solicita de forma voluntaria, aunque si la gestión no es la correcta se les aplicará la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que prevé, incluso, la intervención.
El traspaso a las diputaciones será por cinco años, periodo en el que los ayuntamientos tendrán que elaborar un plan económico y financiero o “de ajuste”, que será analizado por el Ministerio de Hacienda, para poder recuperar la gestión de dichos servicios.
Fuentes de Hacienda han agregado que “la financiación sigue a la prestación”, por lo que si la diputación asume la prestación, será este órgano quien cobre los impuestos para tal fin, aunque “el conjunto de los tributos locales es competencia de los ayuntamientos”.
Preguntado por la actividad de éstos si se quedan sin competencias obligatorias (cementerios, iluminación, pavimentación o basuras), el Ministerio ha precisado que en ningún caso podrán ejercer las no obligatorias.
Asimismo, han añadido que las corporaciones seguirán manteniendo “toda su competencia política” y serán los que “defiendan los intereses de sus ciudadanos ante la diputación”.
El Ministerio está convencido de que éstas podrán asumir esa nueva prestación de servicios y ha desvelado que la de Ourense se ha ofrecido a desarrollar un plan piloto estratégico, ya en marcha, para que los ayuntamientos comprueben la eficacia de la prestación de servicios centralizados.

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