PP defiende el modelo territorial aragonés y respeto a la autonomía municipal

4 oct 2012 0 comentarios

Elcorreo.com, Zaragoza, 4 oct (EFE).- El consejero de Política Territorial del Gobierno de Aragón, Antonio Suárez, ha reiterado hoy su defensa del modelo territorial aragonés y el respeto a la autonomía municipal, así como su rechazo a la desaparición de los entes locales menores.

Así lo ha puesto de manifiesto durante su comparecencia en el pleno de las Cortes de Aragón para explicar, a petición de IU, cómo afecta a Aragón y qué consecuencias tendrá en las entidades locales la reforma de la Administración Local aprobada por el Consejo de Ministros el viernes 13 de julio.
Según Suárez, la reforma que pretende el Gobierno de España tiene como objetivos, que comparte el Ejecutivo autonómico, la racionalización, la necesidad de clarificar las competencias y el fortalecimiento de la figura de quien fiscaliza, que es el interventor.
No obstante, ha reconocido que al PP aragonés “le plantea dudas” la evaluación de los servicios que se hace en el anteproyecto de ley, especialmente de las Mancomunidades, o el ahorro previsto de 3.500 millones de euros.
Respecto a la asunción de competencias por parte de las diputaciones provinciales, el consejero cree que tiene que ser por acuerdo del titular de la competencia.
La posición de su departamento y del Gobierno aragonés, ha dicho, es la del “respeto absoluto” a la autonomía municipal, “perfectamente compatible” con el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria, y al modelo territorial aragonés de municipios, comarcas y provincias.
El consejero ha asegurado que en el borrador no figura ninguna supresión de mancomunidades, aunque a las que no sean viables se les aplicará la misma regla que a los municipios de menos de 20.000 habitantes, y tampoco desaparecen las competencias impropias que tengan como finalidad “mover” la economía y “siempre que cumplan la estabilidad presupuestaria”.
La diputada popular María del Mar Vaquero ha reiterado el apoyo del grupo parlamentario al municipalismo y al refuerzo de las entidades locales, cada una prestando las competencias que mejor pueda para dotar a la ciudadanía de los servicios de calidad y con la correspondiente dotación financiera así como su oposición al vaciamiento de competencias de cualquiera de las tres administraciones.
Ana Sánchez, del PSOE, ha puesto de manifiesto su oposición a la propuesta de reforma de la administración local planteada por el Gobierno y ha pedido a Suárez que inste a la retirada de una Ley elaborada “por alguien que demuestra un total desconocimiento del funcionamiento del territorio” y que “ataca” a la autonomía local reduciendo los ayuntamientos a entes “sometidos” a otras administraciones y que pretende la supresión de las mancomunidades, algunas de ellas históricas en Aragón.
Una petición que Suárez le ha recordado que no pueden tramitar porque no existe dicha Ley y que lo que ya ha hecho es presentar un documento de alegaciones y sugerencias.
El portavoz del PAR, Alfredo Boné, ha reconocido que del anteproyecto le gusta cuando se habla de aumentar la eficiencia, de limitar el número de asesores y de criterios de transparencia pero no cuando se habla de la supresión de las mancomunidades, de las entidades locales menores o de los 21.338 concejales, a no ser que se refiera a los de los partidos mayoritarios, y ha advertido de que “ni pasaremos” porque se potencien las diputaciones provinciales.
Desde CHA, Gregorio Briz teme que se haya producido un acuerdo cerrado con el PAR en el que no haya capacidad de negociación con el resto de los grupos y advierte de que no admitirán recortes a las comarcas a favor de las diputaciones provinciales.
Ha reclamado que se respete la autonomía local y ha expresado su preocupación porque las diputaciones tengan que asumir los servicios de los municipios de menos de 20.000 habitantes así como por la desaparición de concejales.
Luis Ángel Romero, de IU, ha expresado su preocupación porque se tomen las decisiones y “nos pillen fuera de juego porque en las Cortes no hay una posición común de consenso”, así como por la “escasa capacidad” para poner sobre la mesa el problema real como es lograr una financiación adecuada. EFE

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