Profesores y editoriales responsabilizan a la Junta de los errores históricos en los libros de texto escolares

26 oct 2006 0 comentarios

Tras la búsqueda de «errores históricos» en los libros de texto de Geografía e Historia de la Comunidad el problema surge ahora por la búsqueda de responsables. La Junta por un lado y las editoriales y los docentes por el otro se pasan la pelota de quién debe asumir la supervisión de los ejemplares utilizados en las aulas.Por el momento la Junta tiene en su tejado la responsabilidad sobre los posibles errores o incorrecciones que puedan aparecer en los libros de texto de la enseñanza obligatoria. Al menos eso apuntan las afirmaciones hechas por los directores y profesores de distintos institutos leoneses. Las editoriales consultadas coinciden también con esta teoría al mantener que los textos tienen que ser supervisados y aprobados por las comunidades autónomas antes de ver la luz. Por su parte, la Junta sigue escudándose en la legislación, que presenta un vacío a la hora de regular la responsabilidad en esta materia, para justificar su falta de competencia.

El profesorado de los centros docentes asume la libertad de la que disponen para elegir uno u otro libro, tal y como apuntó hace unos días el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, pero con la puntualización de que su elección se tiene que enmarcar dentro de los libros que ya están autorizados y supervisados.

Los profesores de cada materia que se imparte en el curso académico adquieren distintos libros de varias editoriales y, según han afirmado varios directores de centros leoneses consultados, los someten a un análisis para seleccionar así aquellos textos que creen más convenientes. Por lo tanto en este sentido todo indica que la responsabilidad que el Gobierno autonómico carga a espaldas de los docentes de la materia de Geografía e Historia se diluye. Lo que sí han corroborado los centros educativos es la ausencia de cualquier tipo de queja por parte del profesorado con respecto a los contenidos de los libros, tal y como mantiene Juan Vicente Herrera.

Por otra parte, las editoriales definen claramente el proceso por el que tienen que pasar los libros de texto y que incluye el visto bueno de la institución competente en materia educativa, en este caso la Junta de Castilla y León.

El director de marketing de la editorial Everest, Fernando Rodríguez Pereira, afirma que «las comunidades autónomas tienen que desarrollar la parte autonómica para completar el currículo que marca el Ministerio de Educación y nos lo envían para que desarrollemos la materia. Una vez concluido lo reenviamos a la Consejería de Educación para que le de el visto bueno y, en su caso, establezca las correcciones necesarias».

Tal y como apunta la editorial Everest, este procedimiento de supervisión de los libros de texto puede variar en el grado de exigencia dependiendo de las comunidades autónomas. Así unas exigen que se les envíe el libro ya impreso, lo que supone gasto excesivo en caso de que haya que realizar correcciones, y otras como Castilla y León reciben los textos definitivos para que los autorice o incluya cambios.

El encargado de materias de Educación del sindicato UGT, Jesús López Iglesias, apunta también a la Consejería de Educación como responsable de las incorrecciones de los libros «al ser esta institución la que posee la plena competencia en el 35% de los contenidos de los libros, parte que afecta a materias de la Comunidad, así como de dar de paso los textos».

UGT denuncia también que el proceso de realización del currículo, es decir, de los contenidos de la materia que entran o no en los libros presenta también notables irregularidades. López Iglesias puntualiza que «el currículo está hecho por una comisión de profesores nombrados por la Junta, que pasa por el Consejo Escolar regional que no tiene ningún poder vinculante y que es aprobado por la Consejería de Educación sin opción a ser debatido y sin la existencia de plazos para poder pedir cambios o correcciones».
La normativa presenta lagunas en el reparto de competencias

TERESA CASCALLANA

LEÓN.— Las distintas normativas vigentes que regulan la edición, adopción y aprobación de los libros dejan un vacío a la hora de fijar claramente quién es la institución competente para autorizar los libros de texto.

La última ley publicada en el BOE el mes de mayo pasado libera a la Junta de la previa autorización de los materiales educativos utilizados en las aulas. De esta forma, la responsabilidad del Gobierno autonómico termina cuando ha dado el visto bueno a las materias curriculares que se deben incluir en los libros sin tener que volver a supervisarlos una vez que las distintas editoriales han desarrollado los contenidos. Según esta normativa la competencia y responsabilidad de la adopción de los libros de texto recae íntegramente en los directores y coordinadores educativos de los colegios e institutos.

El Ministerio incluye la supervisión de los libros dentro de las inspecciones regulares que sí son competencia de la Junta. Por ejemplo, en el caso de los errores en los libros esta normativa implica que la Junta está obligada a actuar una vez que estén los textos en las aulas y se detecten fallos.

La redacción de esta ley permite por tanto que los textos lleguen a manos de los estudiantes sin haber sido revisados previamente por la Consejería de Educación.

Es en este punto en el que el Gobierno autonómico se escuda y mantiene que la responsabilidad de que los centros utilicen libros con errores es de los propios profesores y directores de los institutos.

En cuanto a la competencia para designar los conocimientos que se deben impartir en los centros escolares, un decreto de 2002, que sigue vigente actualmente, atribuye a la Consejería de Educación la responsabilidad de establecer «los contenidos» de la práctica docente.

En este caso la duda surge en la falta de concreción sobre si dicha responsabilidad abarca sólo los epígrafes genéricos o debería incluir también los textos definitivos.

Una comisión de expertos designada por la Junta establece los contenidos

TERESA CASCALLANA

LEÓN.— La decisión de los contenidos que se desarrollan en cada una de las materias impartidas en los centros educativos están marcados en un 65% por el Ministerio de Educación y el 35% restante queda en manos de la Junta de Castilla y León. De esta forma, el Gobierno central se encarga de fijar los conocimientos básicos que tienen que ser comunes a todos los españoles.

Por otra parte, para determinar lo que se denomina contenidos curriculares de la materia autonómica, el Gobierno regional nombra a una comisión de expertos compuesta de forma paritaria por profesores de Universidad y de Institutos de Educación Secundaria de las diversas áreas educativas. Una vez que los expertos han fijado las pautas principales la Consejería aprueba el currículo y lo envía a las editoriales.

Dicho órgano se encarga de marcar los epígrafes básicos que deben ser desarrollados por los distintos autores de las editoriales. Este currículo educativo no se cambia todos los años y el vigente actualmente está desarrollado en un Decreto del 2002.

Ante la incertidumbre que genera la legislación en materia de responsabilidades, las Asociaciones de Padres y Alumnos leonesas se han pronunciado también sobre el tema. Desde la Federación de Apas leonesa su presidente, Jesús Sánchez Herrera, afirma que «totalmente al margen de un punto de vista político o regionalista o leonesista a los padres lo que de verdad nos preocupa y lo que queremos defender es nuestra cultura y que los niños conozcan la verdad de la historia sin ningún tipo de manipulaciones ni tergiversaciones».

Por el momento la Federación de Apas de León no ha previsto ningún tipo de actuación para pedir responsabilidades con respecto al tema de los errores históricos. Sin embargo, Jesús Sánchez también rompe una lanza a favor de los docentes ya que afirma que «el claustro de profesores elige entre los libros que ya están hechos por las diferentes editoriales y no se pueden inventar ellos mismos los libros».

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