Un canon de la Confederación Miño-Sil arruina a pedanías e industriales madereros

15 oct 2012 0 comentarios

Diario de León, 15/10/2012.- Un canon aprobado ya hace más de dos años por la Confederación Hidrográfica Miño-Sil está poniendo contra las cuerdas los recursos de muchas juntas vecinales madereras de la comarca del Bierzo y también a los propios industriales del sector. Las tasas implantadas por el organismo hidráulico por la utilización de bienes de dominio hidráulico hacen irrentables las explotaciones sobre todo de chopos en las zonas de ribera.
El Ayuntamiento de Carracedelo, y en particular su alcalde, el popular Raúl Valcarce, ha sido el primero en tomar conciencia del problema y en emprender actuaciones encaminadas a que se revise la resolución. En este línea el pleno del Ayuntamiento acaba de aprobar una moción específica que se dirigirá al organismo hidrográfico.
Carracedelo no es el único municipio que tiene en la madera un buen recurso. Pero sí es cierto que las juntas vecinales de Villaverde de la Abadía y de Villadepalos son dos de las más activas del Bierzo en este campo. La aplicación de un canon de ocupación del 5% sobre el valor de mercado de los terrenos contiguos; de otro 5% sobre el beneficio obtenido por la venta de la madera, y de aportaciones de entre 10 y 20 euros por cada unidad cultivada, resultan una carga que lastra esta actividad.
En la propuesta que replantea ahora el gobierno de Carracedelo, y que ya ha recibido el apoyo explícito y documental de la Mesa Intersectorial de la Madera de Castilla y León, se demanda que las plantaciones de chopo sólo estén sujetas a un gravamen de «cinco euros sobre el beneficio obtenido por dicho cultivo; 141 euros por hectárea para cortas de plantaciones que no han pagado canon anual o de 10 euros por hectárea y año para nuevas plantaciones».
En el caso particular de los pueblos de Villaverde y de Villadepalos, el alcalde de Carracedelo recuerda que los chopos registrados catastralmente por las pedanías son el fruto del cultivo de dichas parcelas para la obtención de madera y que dichas parcelas han sometidas a trabajo de plantación, gradeo y poda. «Por tanto», aduce, «esos árboles no pueden ser considerados en ningún caso como bienes del dominio público hidráulico, como si lo son los áridos o pastos naturales, ya que dichas parcelas son fruto de cultivo no de existencia per se».
En la moción, que Carracedelo espera que sea secundada por otros municipios, se estima que en turnos de 14 años los ingresos obtenidos por la corta de una hectárea de chopos bien gestionada suman unos 11.300 euros. Pero el 75% de estos ingresos se va en gastos.
Con las tasas establecidas por la Miño-Sil, tanto los vecinos como los representantes de la mesa Intersectorial de la Madera creen que se cercena económica y socialmente una actividad como es la de la plantación y replantación de choperas.

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