Una ley que promete ahorro para apropiarse de lo comunal

25 oct 2012 0 comentarios

Diagonalweb, 24/10/2012.- “Van a dar un golpe mortal a la identidad de nuestros pueblos, los van a convertir en meros barrios de los ayuntamientos y no va a suponer ningún ahorro, puesto que las juntas vecinales y los concejos no reciben ningún fondo ni de la Administración estatal, ni de la autonómica”, explica Bernardo González, presidente de la junta vecinal de Nestares (Cantabria). El mundo rural se opone a la aniquilación de sus estructuras democráticas, propuesta en el anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Dicho anteproyecto se enmarca en la reforma de la Ley de Bases de Régimen local que, a su vez, forma parte de las medidas que el Consejo de ministros anunciaba el mes de julio y que se tomarán este semestre con el objetivo de que las Entidades Locales se adapten a la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Sin embargo, desde el punto de vista de concejos y juntas vecinales se trata de una estrategia de centralización, un expolio de los bienes comunales y un gesto complaciente hacia una Unión Europea, que desconoce el carácter, arraigo y utilidad de este tipo de entidades.
El mundo rural se defiende
De las medidas que contendrá la reformada Ley de bases de Régimen local, texto legal de 1985 que regula entidades locales menores, municipios y provincias, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas adelantaba en julio la supresión de 3.725 entidades locales menores, además de aquellas mancomunidades “que no superen los criterios de evaluación”, el “fortalecimiento” de la figura de los interventores municipales, que pasarán a depender del Ministerio de Hacienda, y la eliminación de 21.338 concejales.
Actualmente, muchos pueblos, especialmente en el norte, se administran por junta vecinal, formada por un presidente y vocales elegidos directamente, o por concejo abierto, en el que participa una persona por unidad familiar. Se encargan de este modo de gestionar los servicios públicos más básicos: agua potable, saneamiento, luz pública, obra pública, mantenimiento de viales, casa del pueblo, cementerios, etc. Su supresión retirará a vecinas y vecinos la capacidad de decisión en beneficio de los ayuntamientos y diputaciones provinciales, pese a que este primer escalón administrativo, con fuerte arraigo en el territorio, es el más cercano. “Hay un fuerte reconocimiento de este tipo de entidades en el mundo rural: de hecho, en las elecciones municipales se vota más a la entidad local que a los propios ayuntamientos”, explica José Manuel García del Valle, secretario general de la Federación Asturiana de Parroquias Rurales.
Javier Argote, de la Federación de concejos de Ála-va, donde hay 335 concejos, destaca: “Somos asamblearios, por lo que cada vecino decide lo que se hace”. Esta federación presentó en 2011 una campaña a favor de los concejos con el lema “La democracia real ya existe en nuestros pueblos”, en alusión al 15M, resaltando la conveniencia de extrapolar su modelo a otras instituciones. A ellos está vinculada también la organización de las tareas del común, que se realizan mediante trabajos colectivos (“sestaferias”, “facenderas”, “a veredas” o “auzolan”, según la zona). El pueblo pone la mano de obra y las diputaciones los medios.
“Yo no sé dónde ven el ahorro”, se pregunta Mónica Villacorta, presidenta de la junta vecinal de Tarilonte de la Peña (Palencia), “nosotros no cobramos y si dejamos de hacer nuestro trabajo van a tener que contratar a una empresa”. Para Argote, la respuesta es clara: “No hay ningún ahorro ni en cobros de sueldos ni en gastos de administración. La idea general que se palpa es que se pretenden esquilmar todos los bienes que tiene las entidades locales menores, los comunales”. En Álava, por ejemplo, los concejos son propietarios del 80% del monte público y de más del 70% del patrimonio edificado. En el caso de Nestares, “nos confiscarían un patrimonio de más de ocho millones de euros”, explica González. El campo de golf del pueblo, propiedad de la Junta vecinal, vale más de cuatro millones, a los que hay que añadir 60.000 metros cuadrados de terrenos urbanos, 24 hectáreas de terreno rústico, edificios, mobiliario y equipamientos. Para Argote, “el gasto va a ser mayor porque todo aquello que se está haciendo de una manera gratuita, al pasar al ayuntamiento o las diputaciones, va a tener un coste”. En general, con el rendimiento económico que se saca de los bienes comunales los pueblos pagan sus gastos.
Para el ministro Montoro, estas entidades “son demasiado opacas y no rinden cuentas”. Sin embargo, los pueblos denuncian serias dificultades para hacerlo. En algunos lugares, como en Cantabria, se exige su presentación por internet, cuando buena parte de la población rural carece de conexión. Según García del Valle, “la mayoría de municipios del noroeste de España no tiene endeudamiento, normalmente generan beneficios”. Por supuesto, no están exentas de corruptelas que, como en otra instituciones, pueden ser denunciadas.
El refuerzo de las diputaciones, cuyos cargos no son de elección directa, es interpretado por García del Valle como “un paso más para centralizar y tener el control desde el Gobierno estatal de los municipios”. En esta línea, la supresión de las juntas “serviría también a los ayuntamientos para eliminar una administración que puede discutirles sus decisiones”, subraya González-Antón, que, en su ejercicio como abogado, ha llevado diversos pleitos entre juntas y ayuntamientos. Las declaraciones políticas de los últimos tiempos, sobre todo de ámbito autonómico, hacen creer a las federaciones que la propuesta no prosperará y esperan que esto sirva, entre otras cuestiones, para clarificar sus competencias y poner en valor su labor.
JUNTAS, CONCEJOS, PARROQUIAS… EN LUCHA
Estas pequeñas administraciones, que desde hace siglos conforman la vida colectiva de los pueblos en diversos territorios de España, en especial en el norte, son, pese a su fuerte implantación en el imaginario colectivo rural, sumamente desconocidas. La provincia de León concentra 1.234 de estos entes, Cantabria 524, Navarra 340 y el País Vasco 348. En cambio, en otros territorios prácticamente no existen: Andalucía tiene 48, la Comunidad de Madrid dos, o la provincia de Valladolid nueve. Su distribución irregular ha contribuido a la ignorancia acerca de su carácter de primer escalón de la estructura administrativa del Estado.
En respuesta a la amenaza de su supresión, las entidades locales menores han decidido organizarse. “Estamos montando federaciones propias, como ya había en algunos sitios –Navarra, Asturias, Álava–, pero en otros muchos estaban sin organizar, en parte por dejadez, y en parte porque había instrucciones de los partidos mayoritarios, que no están dando facilidades para que nos asociemos y tengamos voz propia”, reflexiona González-Antón.
Siguen un modelo multipartidista y horizontal y están optando, en general, por vincularse atendiendo a la realidad territorial, agrupándose por provincias y comunidades autónomas que trabajarán en red para cuestiones de ámbito estatal. Fruto de este trabajo en común, el pasado septiembre unas cinco mil personas llegaban a Madrid para defender las entidades menores con un nulo eco en prensa.
Ninguna entidad local fue consultada para la redacción del anteproyecto, aunque sí la Federación Española de Municipios y Provincias. Sin embargo, consideran que ésta no representa sus intereses: “Cuando les consultaron, debieron pensar que si nos suprimen, mejor, porque se quita un contrapoder. Muchas veces las juntas tienen más patrimonio que el propio municipio, que mejoraría sus cuentas formidablemente”, explica.

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